La libertad de reunión pacífica
Han venido aumentando, en todo el mundo, las marchas de protesta. Las hemos visto en distintas ciudades francesas, especialmente en París, reclamando apoyo y mayores recursos para el sistema educativo. A los estudiantes universitarios y de secundaria se han unido padres de familia, profesores y hasta directivos de instituciones educativas.
En Estados Unidos han sido frecuentes las multitudinarias marchas de rechazo a políticas del actual presidente Donald Trump -en especial a raíz de la guerra emprendida contra Irán y por el caso Epstein-, así como las manifestaciones populares de apoyo a Palestina, de condena al genocidio que se lleva a cabo en Gaza y de respaldo a las víctimas causadas por los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En varios países europeos y americanos -por ejemplo, en México- se siguen reuniendo miles de personas para protestar contra el aludido genocidio y reclamando libertad para Palestina.
En España han desfilado miles de personas contra la invasión de Ceuta -desde Marruecos-, que tuvo lugar el 30 de julio, en la cual participaron más de ochenta mil personas. Y, en días recientes, ante la crisis de la vivienda y los abusos de los denominados “fondos Buitre” y los precios de arrendamiento de inmuebles. El lanzamiento de Maricarmen, una señora de la tercera edad desalojada arbitrariamente, pese a su delicado estado de salud. La noticia de su muerte ha causado enorme impacto y ha multiplicado el número de manifestantes, que reclaman soluciones institucionales inmediatas en la materia.
En Argentina son cada vez más numerosas y frecuentes las manifestaciones públicas contra las decisiones y políticas del presidente Javier Milei. Trabajadores, pensionados, sindicatos y pequeños empresarios siguen desfilando, ante una enorme crisis económica y social.
En el caso de Colombia, como lo vemos con gran frecuencia, muy diversas causas dan lugar a reuniones, marchas populares, manifestaciones estudiantiles y sindicales, y reclamos públicos en distintos lugares del territorio.
Es importante recordar que, en una democracia, se trata del ejercicio de la libertad y de derechos esenciales garantizados institucionalmente. La Constitución de 1991 -que consagra un sistema democrático, participativo y pluralista- garantiza la libertad de reunión y la manifestación pública de todas las personas y comunidades, siempre que se ejerza de manera pacífica.
Así lo dice el artículo 37 de la Constitución: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Se insiste: “sólo la ley”.
Con independencia de la orientación política, social o económica que inspire una manifestación, cabe insistir en la obligación que tienen quienes convocan y participan en marchas y manifestaciones en el sentido de evitar que ellas conduzcan a perturbaciones del orden público, a violencia, a daño de bienes públicos o privados. El requisito básico que establece la norma es el carácter pacífico de toda reunión pública. Ello debe ser resguardado por las autoridades administrativas y por los cuerpos de policía, en los términos de la ley y, desde luego, sin incurrir en uso excesivo de la fuerza ni en abusos o indebida represión.
Ese es el concepto de equilibrio resultante de un esquema jurídico que respeta y garantiza la libertad, dentro del orden.
*Exmagistrado*Profesor universitario