Este jueves entra en vigencia la Ley de Garantías por elecciones locales
Las restricciones de contratación por las que las autoridades locales se quejan por perjudicar su ejecución, comienzan mañana cuando entre en vigor la Ley de Garantías.
Esta norma limita a alcaldías y gobernaciones para que a través de contratos no terminen beneficiando a algún candidato. Además, les impide firmar convenios interadministrativos y usar bienes públicos para hacer proselitismo.
Esta ley fue aprobada en 2005, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez buscaba su reelección. La norma pretendía que los recursos del Estado no beneficiaran su aspiración presidencial y por eso su trámite fue relativamente tranquilo en el legislativo.
Ahora, que la reelección presidencial salió del ordenamiento jurídico del país, el mismo Uribe radicó en el Congreso el proyecto que la modificaba, con el impulso extra del presidente Iván Duque, quien envió mensaje de urgencia, pero, finalmente no pasó en esta legislatura.
LA QUEJA EN LAS REGIONES
El malestar de los gobiernos locales con la ley ha sido constante, argumentado en que las administraciones públicas quedan paralizadas varias veces al año, si se tiene en cuenta que en Colombia se vota por autoridades locales, Congreso y Presidencia en tiempos diferentes.
Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, resalta el daño que, según él, la ley ha causado. “Como ya no hay reelección no hay argumentos que la justifiquen. Ahora que entra en vigencia vamos a tener es un montón de recursos del Gobierno que no van a llegar a los municipios para su ejecución porque requieren convenios interadministrativos”, apuntó.
Para Toro, “los que pagan las consecuencias son los más pobres, que necesitan que las obras se hagan. Esa ley solo beneficia al sector financiero que acumula en sus arcas los recursos”.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que le han hecho seguimiento a la propuesta de modificación de la ley, y destacó que otros elementos de la norma continúen vigentes si es aprobada. Regular la financiación de las campañas, las contribuciones de particulares, el acceso a los medios de comunicación y la participación en política de los servidores públicos, seguirían vigentes.
DISYUNTIVA DE LOS CONVENIOS
Permitir que las administraciones locales adelanten convenios interadministrativos es la esencia de la reforma a la Ley de Garantías.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), los convenios entre entidades del Estado no tienen los mismos requisitos de rigurosidad y vigilancia, que sí tienen los contratos entre las empresas. “El problema con los convenios es que, si el ejecutivo está interesado en apoyar a un candidato, lo que hace es tirarle recursos a esa gobernación o alcaldía”, dijo.
También criticó que “no hay ninguna institución que le haga seguimiento a los convenios, entonces vamos a permitir que se hagan, pero a nadie le dan la responsabilidad de ver el objeto del convenio. Con eso favorecen candidaturas, porque no hay ningún control. No tiene sentido decir que los alcaldes quedan atados, para eso existe la planeación”.
Hernández por su parte, hizo un llamado a los órganos de control, especialmente la Procuraduría General de la Nación, para que vigile los convenios cuando la ley sea aprobada completamente.
Aunque la iniciativa se actualice el próximo año, su impacto se sentiría a partir de 2022 cuando haya nuevamente elecciones parlamentarias y de Presidencia.