Diario del Cesar
Defiende la región

La Sierra Nevada y sus desafíos

17

La Sierra Nevada de Santa Marta no es solamente una montaña que domina el paisaje del Caribe. Es un territorio del que dependen el agua, los bosques, los suelos y buena parte de las actividades económicas de Magdalena, Cesar y La Guajira. En sus laderas nacen 35 ríos principales: 18 desembocan directamente en el mar Caribe y los restantes drenan hacia las cuencas del Cesar y de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Su importancia ambiental, por tanto, no termina en las partes altas.

Por eso resulta difícil entender la protección de la Sierra solamente desde decretos, resoluciones, planes de manejo o determinantes ambientales. Colombia tiene normas y figuras de protección desde hace décadas. El Parque Nacional Natural Sierra Nevada, que supera las 573.000 hectáreas, fue creado en 1964. Fue con la Resolución 136 de 2023 que se amplió el área protegida y se adoptaron nuevas medidas de conservación. Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza por sí sola que el bosque se conserve, que el agua llegue en buenas condiciones o que el suelo mantenga su capacidad productiva.

La realidad del territorio es más compleja. La deforestación, la ocupación de áreas sensibles, el deterioro de las fuentes de agua y el manejo inadecuado de los suelos siguen siendo problemas que requieren presencia permanente de las instituciones. A esto se suma la inseguridad. La Defensoría del Pueblo advirtió en 2025 sobre el riesgo alto en la Sierra y su área de influencia por la disputa de grupos armados, situación que ha afectado a comunidades campesinas e indígenas con desplazamientos, confinamientos, amenazas y restricciones a la movilidad.

Pero proteger la Sierra tampoco significa desconocer a las comunidades que viven y producen en ella. Allí existe una economía rural que depende de cultivos como el café y el cacao, actividades que pueden convivir con la conservación cuando se desarrollan mediante sistemas agroforestales, protección de las fuentes hídricas y manejo adecuado del suelo. En Dibulla, por ejemplo, Agrosavia ha estudiado los cultivos de cacao de la región, y actualmente desarrolla iniciativas para fortalecer sistemas productivos sostenibles en comunidades de la Sierra. La producción puede ser parte de la solución y no necesariamente del problema.

Existen además experiencias que muestran que conservar es posible cuando se trabaja directamente con las comunidades. La Fundación ProSierra lleva décadas desarrollando procesos de restauración, sistemas productivos asociados a la conservación, fortalecimiento de organizaciones campesinas e indígenas y protección de áreas estratégicas. Son experiencias que tienen algo en común: no parten solamente de una norma escrita en Bogotá, sino del conocimiento de quienes viven en el territorio.

El desafío, entonces, no consiste únicamente en crear nuevas figuras de protección. Consiste en lograr que las existentes funcionen, que las autoridades ambientales, municipios, departamentos, Parques Nacionales y autoridades indígenas actúen de manera coordinada y que los planes se conviertan en acciones verificables sobre el terreno. También implica garantizar seguridad para las comunidades, controlar la deforestación, proteger las cuencas y ofrecer alternativas productivas que hagan compatible el ingreso de las familias con la conservación.

También es necesario que los proyectos conservacionistas tengan continuidad, seguimiento y recursos suficientes, porque la protección de un ecosistema de esta magnitud no puede depender de iniciativas aisladas ni de períodos administrativos.

La Sierra Nevada no necesita más papeles que nadie lea. Necesita instituciones que conozcan el territorio, decisiones que se cumplan y comunidades que encuentren en la conservación una oportunidad y no una carga. El problema ambiental, muchas veces, no está en la ausencia de normas, sino en la distancia entre la norma y la realidad.

*Abogado