23 años de cárcel para falso militar por transportar cocaína
Rodrigo Arturo Sarmiento Viatela, fue condenado a 23 años de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, luego de que un juez lo encontrara responsable de transportar más de 200 kilogramos de cocaína en una camioneta que fue interceptada en el municipio de Curumaní, Cesar.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, al término de un proceso judicial relacionado con hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2017.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, ese día unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) interceptaron una camioneta Chevrolet D-Max, de placas KMU-396, en el barrio Camilo Torres, en Curumaní. El vehículo era conducido por Sarmiento Viatela, quien viajaba acompañado de Víctor Manuel Martínez Bustamante.
SE HACÍAN PASAR POR MILITARES ACTIVOS
Durante el procedimiento, los dos ocupantes vestían prendas de uso privativo del Ejército Nacional y se habrían presentado como integrantes activos de la institución castrense. Sin embargo, las verificaciones efectuadas ante el Batallón Energético y Vial N.° 3 permitieron establecer que ambos eran militares retirados.
El uso de la indumentaria militar habría tenido como propósito aparentar pertenecer a la fuerza pública y facilitar el desplazamiento por las carreteras, evitando posibles controles de las autoridades.
La inspección del automotor se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía de Curumaní, en presencia del personero municipal. En el platón de la camioneta, los investigadores encontraron siete cajas de cartón con logotipos alusivos a frutas, en la que se hallaron 200 paquetes rectangulares que contenían un total de 201,54 kilogramos de cocaína, sustancia que fue incorporada como elemento material probatorio dentro de la investigación penal.
El proceso avanzó hasta la etapa de juicio oral. Según la información judicial, Sarmiento Viatela compareció inicialmente de manera virtual a la audiencia de instalación, celebrada el 28 de agosto de 2024, pero posteriormente abandonó la diligencia y dejó de atender los requerimientos judiciales.
Ante estas circunstancias, el juzgado dispuso continuar con el trámite y la práctica probatoria en ausencia del acusado, conforme a las determinaciones procesales adoptadas durante el juicio.
En los alegatos finales, la defensa solicitó que se impusiera la pena mínima prevista para el delito. Argumentó que, debido a la falta de comunicación y colaboración de su representado, no disponía de elementos para desarrollar una hipótesis de inocencia y señaló que el procesado no registraba antecedentes penales.
No obstante, el despacho judicial impuso una condena de 23 años de prisión y negó la concesión de mecanismos sustitutivos, entre ellos la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, el juzgado libró órdenes de captura contra Sarmiento Viatela. La decisión también estableció que la camioneta empleada para transportar el cargamento permanezca bajo la administración de la Fiscalía 68 Especializada de la Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, con sede en Barranquilla.
Contra la condena procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, dentro de los términos establecidos por la ley.