El impuesto del miedo
Durante varias jornadas cerraron comercios en Santa Marta, se afectó el transporte y muchas personas prefirieron quedarse en sus casas. El aire espeso de la soledad susurraba amenaza en las calles y callejones.
La Cámara de Comercio calculó pérdidas cercanas a 39.590 millones de pesos diarios. Es una cifra enorme para una ciudad que necesita empleo y desarrollo.
En días pasados escribí en esta misma columna sobre la Santa Marta que espera agua, alcantarillado, transporte moderno y mejores vías. Los hechos obligan a agregar algo esencial: en Santa Marta se debe poder trabajar sin miedo para atraer turismo en inversión extranjera directa.
Hay comerciantes, industriales, transportadores, tenderos, vendedores ambulantes y pequeños emprendedores sometidos a la extorsión. Pagan para que los dejen trabajar. Pagan para evitar una amenaza. Pagan porque sienten que denunciar puede resultarles más peligroso.
La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal. Quien lo cobra pretende decidir quién puede trabajar y a qué precio. Cuando una organización ilegal consigue cerrar negocios, paralizar vehículos o alterar la vida cotidiana de una ciudad, el daño va mucho más allá de las estadísticas.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la situación en la Sierra Nevada y su zona de influencia: extorsiones, homicidios, desplazamientos y otras formas de intimidación que afectan a toda la región.
El presidente De la Espriella estuvo en Santa Marta durante esos días. Recorrió con la fuerza pública varios sectores de la ciudad y el viernes 25 encabezó un Consejo de Seguridad con autoridades nacionales y locales. Allí reiteró que el Estado debe recuperar el control y la tranquilidad.
El problema tiene que encontrar una solución. El gobierno ha sido claro en que no habrá negociación con organizaciones criminales. Para quienes persistan en el delito, la salida es el sometimiento a la justicia y la aplicación de la ley.
También hace falta proteger al que denuncia. Desde un despacho oficial resulta fácil pedirle valor al comerciante que vive todos los días frente a quienes lo amenazan. Pero quien vive bajo amenaza sabe que la realidad es otra. Quienes nacimos en Santa Marta, y quienes han vivido y trabajado en ella hasta sentirla propia, sabemos lo que pesa esa amenaza en una ciudad donde todavía casi todos se conocen.
La solución tiene además una dimensión económica que no podemos perder de vista. Santa Marta necesita recuperar la tranquilidad para atraer inversión nacional y extranjera. Quien decide invertir estudia servicios públicos, impuestos, mano de obra, mercados y, sobre todo, seguridad. Ningún proyecto serio puede prosperar si el empresario debe añadir a sus costos el riesgo de la extorsión.
Necesitamos empresas que lleguen, inviertan, generen empleo, desarrollen proyectos y le den un nuevo impulso a la economía samaria y de la región. El capital extranjero llega donde encuentra oportunidades, reglas claras y condiciones razonables de seguridad. También el inversionista colombiano necesita saber que puede trabajar sin amenazas ni cobros ilegales.
Por eso superar esta situación es parte del desarrollo que Santa Marta espera. Las obras, los servicios y la inversión requieren una ciudad donde se pueda trabajar con tranquilidad y donde la autoridad acompañe a quien cumple la ley.
El milagro que Santa Marta espera empieza también por ahí: que quienes viven, trabajan o quieran invertir en ella sepan que nadie tendrá que pagarle a un delincuente por el derecho a ganarse honradamente la vida.
*Economista*Analista internacional