Procuraduría advierte violencia y barreras para mujeres étnicas en el Congreso
Un informe de la Procuraduría identificó las principales dificultades que enfrentaron las candidatas indígenas y afrodescendientes que participaron en las elecciones al Congreso para el periodo 2026-2030, de las cuales el 35% aseguró haber sufrido violencia por el hecho de ser mujeres candidatas.
Aunque el documento destaca un aumento de la participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en las circunscripciones especiales del Congreso, frente a escenarios de menor representación, señala que aún persisten barreras y situaciones de violencia que afectan su participación política.
El documento, denominado “Participación Política de las Candidatas Étnicas a las Circunscripciones Especiales del Congreso 2026-2030: balance y recomendaciones”, analizó 168 candidaturas y recogió las experiencias de 62 mujeres que participaron en este proceso electoral.
Entre las candidaturas inscritas, las mujeres representaron el 30,4% en el Senado por la Circunscripción Especial Indígena, el 47,6% en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Indígena y el 40,3% en la Circunscripción Afrodescendiente.
Sin embargo, el informe encontró que, durante dicha participación electoral, el 35% de las 62 candidatas consultadas manifestó haber experimentado violencia por el hecho de ser mujer candidata. Entre quienes reportaron estas situaciones, el 72% señaló violencia psicológica y el 54% violencia económica.
En ese sentido, la Procuraduría señaló que estos resultados muestran que, además de las dificultades asociadas con la representación política, las mujeres de comunidades étnicas enfrentan riesgos particulares durante su participación electoral.
A partir de los hallazgos, el Ministerio Público recomendó fortalecer las medidas de prevención, atención y seguimiento de las violencias contra las candidatas, así como mejorar la información electoral disponible para incorporar enfoques diferencial e interseccional.
Además, anunció la creación de una mesa técnica de seguimiento, en la que participarán entidades estatales y organizaciones sociales, con el propósito de revisar el cumplimiento de las recomendaciones y hacer seguimiento a las condiciones en las que las mujeres participan en política.
/colprensa