Diario del Cesar
Defiende la región

Gobierno defiende que Abelardo haya portado una pistola

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Así lució el Presidente Abelardo De La Espriella la noche del martes en Santa Marta llevando una pistola al cinto.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la ofensiva militar que el Gobierno adelanta en Santa Marta, en medio de la crisis de violencia que vive la ciudad, por la orden de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Desde el Congreso, el jefe de la cartera política aseguró que “la ofensiva del Gobierno va a ser más fuerte”, ante la premisa de que se debe enfrentar y controlar a los grupos armados que siguen provocando hechos violentos e intimidando a los ciudadanos.

“Los primeros meses van a ser duros, esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue, pero tengan la certeza de que este gobierno está determinado y tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos”, señaló.

Ante las preguntas sobre las imágenes del presidente, Abelardo de la Espriella, patrullando Santa Marta como un policía más y hasta cargando una pistola, Lara salió en defensa del mandatario, al advertir de los problemas de seguridad que vive la ciudad por la muerte de peligrosos cabecillas como ‘El Cholo’ y ‘Bendito Menor’.

“Es un presidente que está en terreno, está enfrentando los criminales directamente en las calles. El mensaje es decirles a los criminales que no van a doblegar la voluntad de los colombianos, no van a intimidar a los samarios”, argumentó.

Agregó que “el Gobierno estará del lado de los colombianos a pesar de años y años de abandono de estas poblaciones, a la tiranía y la extorsión de estos bandidos”.

Tras la orden de de la Espriella de militarizar la zona, el Ministerio de Defensa anunció la llegada de más de 500 uniformados para reforzar la seguridad de la ciudad y sus corredores estratégicos.

El despliegue incluye fuerzas especiales, componentes fluviales, capacidades de vigilancia y aeronaves con tecnología de visión nocturna de alta precisión para enfrentar cualquier amenaza que intente alterar el orden público.

Durante el último consejo de seguridad realizado en Santa Marta, el jefe de Estado le lanzó un ultimátum a los alias ‘Pinocho’, ‘Patiliso’, ‘Flash’ y ‘Jacob’ como responsables de este paro armado, asegurando que “voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”.

HABLAN LOS EXPERTOS

Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, consideró que si bien es cierto que, conforme al artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al presidente de la República —en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa— dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que dicho rol es de carácter político, civil y administrativo; el presidente no adquiere estatus de militar en servicio activo ni de uniformado de la Fuerza Pública, por tanto, esa calidad no le otorga la facultad de portar y usar armas de fuego sin restricción alguna”.

“El presidente de la República no es un miembro activo ni operativo de la Fuerza Pública en términos tácticos. Los operativos y persecuciones delincuenciales, así como las diligencias de registro y allanamiento, corresponden a procedimientos policiales y judiciales regulados por la ley, dentro de los cuales el primer mandatario no ostenta funciones operativas de policía judicial”, dijo el académico y jurista.

En consecuencia, las reglas sobre el porte de armas que rigen al presidente de la República son las aplicables a cualquier civil o funcionario no uniformado y  está sujeto a las regulaciones del porte y tenencia de armas vigentes (Decreto 2535 de 1993 y normatividad complementaria), en las que se prohíbe el porte de armas ostentoso o visible.

“Sobre este particular, existen además límites en el ámbito internacional, tales como los contenidos en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Organización de las Naciones Unidas”, explicó Burbano.

Asimismo, consideró que debe considerarse “el impacto simbólico e institucional” de un presidente armado en actos públicos; con la comunidad, el mensaje es contradictorio. “Como máxima autoridad civil, debe representar la primacía de la ley y la palabra sobre la fuerza. Exhibir armas distorsiona el rol institucional y convalida el uso de la violencia en la sociedad”, dijo el jurista.

TIENE PERMISO

Sin embargo, el penalista Francisco Bernate señaló que De La Espriella cuenta con autorización para hacerlo. “El presidente, entiendo, tiene permiso para portar armas, de manera que es perfectamente posible. Tengamos en cuenta que es el comandante de las Fuerzas Militares”, explicó.

Una posición similar planteó Enán Arrieta, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Según indicó, la condición constitucional que tiene el mandatario debe analizarse junto con las autorizaciones administrativas correspondientes.

“El presidente de la República es, por mandato constitucional, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con las previsiones administrativas correspondientes, está autorizado a portar armas. Por demás, es posible que dicha autorización le haya sido otorgada de forma previa al cargo y pueda portar armas como cualquier ciudadano que cuenta con permiso para ello”, señaló el jurista.

El abogado Fabio Humar sostuvo, por su parte, que no existe una prohibición legal que impida al presidente portar armas, siempre que disponga del respectivo permiso. Aclaró, sin embargo, que no se trata de una imagen frecuente debido al dispositivo de seguridad que acompaña de manera permanente al jefe de Estado.

“No hay ninguna prohibición legal para que el presidente porte armas. Naturalmente, no es una imagen habitual en nuestra cotidianidad porque el presidente es la persona más protegida y escoltada”, manifestó.

 “Legalmente no tiene ninguna limitación, siempre y cuando cuente con el permiso, que seguramente lo debe tener”, aseguró. El jurista recordó además que De La Espriella ha mostrado públicamente en otras oportunidades su relación con el uso y porte de armas tanto en Colombia como en Estados Unidos.