“No podemos resignarnos a que en operativos militares mueran menores”: Defensora
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado urgente para evitar que menores de edad continúen murieron en bombardeos de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales, como ocurrió recientemente en Guaviare, en donde tres menores de edad murieron en un bombardeo contra las disidencias de ‘Calarcá’.
Marín recordó, en primer lugar, que “el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está prohibido por el derecho internacional humanitario” y que es una responsabilidad de estos grupos armados eliminar “esta abominable práctica”.
Según cifras de la Defensoría, entre 2024 y julio 31 de 2026 1.173 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales; 97 de ellos en lo que va de este año.
Sin embargo, Marín aseguró que estas cifras no reflejan la realidad del problema, pues es una práctica sobre la que hay mucho subregistro, porque no se denuncia o porque en algunos casos se le normaliza.
“Por información de terreno sabemos que el número es mayor”, agregó.
En los últimos cuatro años, 73 niños, niñas y adolescentes murieron en bombardeos de la Fuerza Pública, 31 de ellos en 2025.
Marín aseguró que, si bien el estado tiene la facultad de desplegar acciones militares, incluso bombardeos, en contra de grupos armados ilegales, para proteger a la población, “en cuanto conoce la alta probabilidad de que entre los grupos armados permanecen menores de edad víctimas del reclutamiento, tiene el deber de extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida de conformidad con protocolos operacionales muy estrictos”.
Y sentenció: “No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”.
Aseguró que ningún niño pierde su condición de víctima de reclutamiento por participar de las hostilidades y, en ningún caso se puede presumir que estaba “prestando funciones continuas de combate”, como lo manifestó el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, respecto de los niños muertos en Guaviare.
La defensora sostuvo que la solución estructural es reactivar la Comisión Intersectorial de la Prevención del Reclutamiento, en la que participan diferentes entidades del Estado vinculadas con el tema, y por eso invitó al Gobierno a reactivar la comisión.
Sin embargo, el liderazgo de la Comisión está a cargo, según explicó Marín, de la consejería presidencial para los derechos humanos, entidad que eliminó el Gobierno de Abelardo de la Espriella.