A la cárcel policía por exigir dinero para evitar inmovilización de una moto
Ocho años de prisión deberá cumplir el patrullero activo Juan Carlos López Daza, luego de que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar lo declarara responsable del delito de concusión, tras establecer que utilizó su condición de integrante de la Policía Nacional para exigir dinero a cambio de no adelantar un procedimiento contra el propietario de una motocicleta.
La conducta por la que fue condenado se remonta al 20 de junio de 2016, cuando, según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el uniformado se encontraba en inmediaciones del CAI del barrio Garupal, en Valledupar.
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, López Daza habría solicitado $300.000 al propietario del vehículo como condición para evitar su inmovilización y las actuaciones administrativas derivadas del procedimiento policial.
La entrega del dinero se habría efectuado de manera parcial en efectivo, mientras que el monto restante fue obtenido mediante un retiro bancario realizado durante la misma jornada. Estos elementos fueron incorporados al proceso y valorados por el despacho judicial al momento de emitir el fallo condenatorio.
Para el juzgado, la conducta del uniformado constituyó un aprovechamiento indebido de su cargo, al utilizar las facultades derivadas de su condición de servidor público para obtener un beneficio económico que no le correspondía.
La denuncia fue presentada por el propietario de la motocicleta después de las presuntas exigencias económicas, situación que dio paso a la investigación penal y posteriormente al proceso judicial que terminó con la sentencia condenatoria.
López Daza continúa vinculado a la Policía Nacional y actualmente presta servicio en el departamento de Bolívar. Sin embargo, la pena de ocho años de prisión será ejecutada una vez la sentencia adquiera firmeza, momento en el que deberá hacerse efectiva la correspondiente orden de captura, según lo dispuesto en el fallo.
Durante el proceso, el uniformado negó su responsabilidad frente a los hechos y sostuvo su inocencia. Su defensa, además, presentó recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Quinto Penal de Valledupar, por lo que la sentencia deberá ser revisada en segunda instancia.
El delito de concusión se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien a entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida. En este caso, la Fiscalía logró que el despacho judicial considerara demostrada la responsabilidad penal del uniformado.