83 líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2026
El fin de semana previo a la conmemoración del 20 de julio estuvo marcado por nuevos hechos de violencia en distintas regiones del país. En medio del conflicto armado que persiste en varios territorios, los líderes sociales volvieron a ser blanco de los grupos armados ilegales, una situación que mantiene la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos por las garantías de seguridad para quienes representan y acompañan a sus comunidades.
De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con estos nuevos casos ya son 83 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.
El primer crimen ocurrió en el municipio de Tierralta, Córdoba. La víctima fue Jader Durango, reconocido líder comunitario y comunicador, cuyo cuerpo fue hallado sobre la vía que conduce entre el sector de La Sierpe y la vereda Murmullo. Según la información conocida por las autoridades, presentaba múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.
Durango era ampliamente conocido en su comunidad por su labor como locutor e integrante del colectivo de comunicación Casup. Además de su trabajo en medios comunitarios, dedicaba parte de su tiempo a la formación de jóvenes en procesos de comunicación y liderazgo en el corregimiento de Batata, convirtiéndose en una figura representativa para los habitantes de la zona. Fue registrado como el líder social número 82 asesinado en el país durante este año.
La Defensoría del Pueblo ha advertido, a través de sus alertas tempranas, que en Tierralta existe una fuerte presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas el Clan del Golfo, Los Caparros y otras bandas criminales locales, que mantienen una disputa por el control territorial debido a la importancia estratégica del Nudo de Paramillo, los corredores de movilidad y las economías ilícitas.
Según la entidad, estas confrontaciones han provocado desplazamientos forzados, amenazas permanentes contra líderes comunitarios y afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, que enfrentan constantes presiones sobre sus territorios.
El segundo asesinato fue confirmado en el municipio de El Banco, Magdalena. La víctima fue el líder campesino Juan Evangelista Segovia Vásquez, integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios (Asococre), quien fue atacado por hombres armados el pasado 18 de julio. Aunque el homicidio ocurrió ese día, el caso fue dado a conocer públicamente dos días después.
Indepaz señaló que este crimen ocurrió apenas cinco meses después del asesinato de Dairo Segovia, hijo del dirigente campesino, quien también fue víctima de un hecho violento en la misma región. La organización considera que ambos casos reflejan el alto nivel de riesgo que enfrentan quienes realizan liderazgo social en esta zona del país.
Segovia Vásquez era reconocido por su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades rurales y del campesinado del sur del Magdalena. La Defensoría del Pueblo ha identificado este territorio como un corredor estratégico para el tránsito de economías ilegales y rutas fluviales que conectan el Magdalena Medio con la región Caribe, escenario donde diferentes estructuras criminales buscan consolidar su control.
La presencia de estos grupos armados, advierte la entidad, favorece el desarrollo de actividades ilícitas y el control social sobre la población, aumentando las amenazas, los desplazamientos y los homicidios contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Tras estos dos nuevos asesinatos, Indepaz y la Defensoría del Pueblo reiteraron el llamado al Estado para fortalecer las medidas de protección en las zonas de mayor riesgo y aumentar la presencia institucional y de la Fuerza Pública con el fin de prevenir nuevos ataques contra quienes ejercen labores de liderazgo social.
Aunque los 83 homicidios registrados durante 2026 representan una reducción frente a los 116 líderes sociales asesinados durante el mismo periodo de 2025, las organizaciones insisten en que las cifras son alarmantes y evidencian que las condiciones de seguridad son insuficientes.
En medio de la transición política que vive el país por el cambio de gobierno, uno de los principales desafíos para el nuevo presidente, De la Espriella, y su equipo será garantizar la protección de los líderes sociales, quienes desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de las comunidades y en la articulación entre los territorios y las instituciones del Estado.