El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Fabio Arjona, emitió una alarmante advertencia sobre la situación actual de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tras los primeros balances del equipo de empalme, el funcionario entrante señaló la existencia de fallas estructurales de gobernanza, ausencia efectiva del Estado e incrementos críticos en la pérdida de cobertura boscosa dentro de las áreas protegidas del país.
De acuerdo con el balance presentado por la oficina del mandatario electo, las cifras revisadas contradicen la versión del Ejecutivo saliente sobre una supuesta reducción histórica de la deforestación. Los registros técnicos de la comisión de empalme revelan que, entre los años 2022 y 2025, se transformaron un total de 48.125 hectáreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales. Asimismo, se detalló que la deforestación en estas zonas de especial interés ambiental pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 hectáreas en 2024, consolidando un aumento del 146,5%, con un impacto concentrado mayoritariamente en la región de la Amazonía.
El diagnóstico liderado por Arjona identificó que los principales factores de presión humana que destruyen estos ecosistemas son la ganadería extensiva, la apertura de vías terrestres ilegales y la explotación de minería ilícita mediante el uso contaminante de mercurio. Las zonas con mayores afectaciones identificadas corresponden a los parques Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai y Río Puré. Ante este panorama, el ministro designado hizo especial énfasis en la Serranía de Chiribiquete, catalogada como Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cual requiere intervención inmediata tanto por su invaluable biodiversidad como por el imperativo de resguardar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan.
Frente a la gravedad de los datos expuestos, la administración entrante anunció que procederá con una revisión urgente de la política nacional de conservación. El plan de gestión prioritario del nuevo gobierno contempla robustecer de forma inmediata la presencia de las instituciones del Estado en las áreas protegidas, con el objetivo de salvaguardar los parques como patrimonio natural irremplazable, fuentes esenciales de seguridad hídrica y pilares del futuro ambiental de la nación.
DISCUSIÓN RESPONSABLE
Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia hizo un llamado a los dirigentes del país para abordar de manera “responsable” el fenómeno de la deforestación, que desde hace décadas amenaza los ecosistemas protegidos, en particular en la Amazonía y la Orinoquía. La entidad advirtió que este comportamiento “no puede ser interpretado a partir de un único año” y debe analizarse a partir de la serie histórica de datos.
Según cifras de la entidad, 2018 registró el mayor incremento de deforestación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con 21.048 hectáreas afectadas, seguido de 15.915 hectáreas en 2020 y 14.275 hectáreas en 2021. En el actual periodo de gobierno, la cifra bajó a 12.449 hectáreas en 2022 y llegó a su punto más bajo en 2023, con 4.682 hectáreas.
Aunque en 2024 se presentó un incremento excepcional, Parques Nacionales precisó que la deforestación de ese año se mantuvo 45% por debajo de la registrada en 2018. La entidad afirmó que, con estos resultados, el Gobierno cumplió las metas de reducción de la deforestación establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Como ejemplo de conservación, la entidad destacó que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete mantiene el 99.2% de su cobertura en excelente estado, y que en las zonas afectadas se han emprendido estrategias de manejo junto con las comunidades históricamente ligadas a ese territorio. Parques Nacionales también gestionó recursos de cooperación internacional para la protección permanente de ese Patrimonio de la Humanidad, a través del fondo “Chiribiquete, un paisaje para siempre”.
El anuncio de Parques Nacionales le salió al paso a las afirmaciones hechas la semana pasada por Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, quien denunció un incremento del 146,5% en la deforestación al interior de los Parques Naturales Nacionales entre 2022-2025, de acuerdo a datos suministrados por el equipo de empalme de su cartera.
“Mientras el Gobierno saliente habla de una reducción histórica de la deforestación, los datos revisados por el equipo de empalme muestran que entre 2022 y 2025 se transformaron 48.125 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales, y que la deforestación en estas áreas pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 en 2024, un incremento del 146,5 %, concentrado principalmente en la Amazonía”, afirmó el equipo de prensa de De la Espriella.
Las razones de la pérdida de bosques y selvas estaría ligado a los problemas de siempre: la ganadería extensiva, la minería ilegal y usos de mercurio y la construcción de vías ilegales.
Los parques naturales donde habría las mayores afectaciones son Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai y Río Puré, detalló el reporte del gobierno entrante.
Sin embargo, uno de los lugares donde se “requiere atención urgente por su valor ambiental y por la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario” es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
A partir del 7 de agosto, la administración de de la Espriella hará una revisión de la política nacional de conservación, al tiempo que anunció una mayor “presencia institucional” tanto en áreas protegidas como en parques nacionales naturales.
En su mensaje de hoy, Parque Nacionales coincidió que ambientalistas, academia, organismos de control y entidades de cooperación internacional han identificado desde hace años que la deforestación responde a problemáticas estructurales como el acaparamiento de tierras, la expansión agropecuaria, la apertura de vías ilegales, la ganadería extensiva, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la presencia de actores armados. Frente a esto, indicó que el Gobierno ha desplegado estrategias integrales en articulación con el Conaldef, entes de control, comunidades y gobiernos locales.
Reiteró que la conservación de las áreas protegidas requiere políticas de Estado y corresponsabilidad de todos los sectores políticos para atender las causas estructurales de la deforestación, y reafirmó su compromiso, junto con más de dos mil guardaparques, de fortalecer la presencia institucional, la gobernanza y la restauración ecológica en el territorio./Colprensa