La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció un seguimiento especial al caso de la presunta privación arbitraria del derecho a la vida de cuatro jóvenes durante un procedimiento de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 2 de mayo en inmediaciones de la urbanización Nando Marín, sur de Valledupar.
El organismo internacional informó que, junto con la Defensoría del Pueblo, realizó una visita al lugar de los hechos y sostuvo encuentros con familiares de las víctimas y otras personas afectadas, reiterando su compromiso de acompañamiento y monitoreo del proceso.
A través de un pronunciamiento público, ONU Derechos Humanos instó a las autoridades judiciales y disciplinarias a adelantar una investigación rigurosa, imparcial y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, con el propósito de garantizar la verdad, la justicia y la reparación que reclaman las familias.
Asimismo, hizo un llamado a la Policía Nacional para revisar sus procedimientos de mando y control y fortalecer las acciones preventivas que permitan evitar la repetición de situaciones similares.
Los hechos se registraron en la madrugada del 2 de mayo. Según la versión oficial de la Policía Nacional, a las 2:55 a.m. varias patrullas acudieron a atender una denuncia ciudadana sobre la presencia de un hombre presuntamente armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público.
De acuerdo con la institución, al intentar realizar un registro preventivo a una persona que coincidía con las características reportadas, esta se negó al procedimiento y un grupo de personas reaccionó de manera violenta contra los uniformados, desencadenando los enfrentamientos.
Sin embargo, familiares de los fallecidos sostienen una versión distinta. Aseguran que los jóvenes se encontraban compartiendo en un establecimiento nocturno una despedida para uno de ellos, quien próximamente ingresaría al Ejército Nacional. Los allegados denuncian un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes y exigen que se esclarezcan plenamente las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.
Las víctimas fueron identificadas como Holman Quintero Dávila, de 19 años; Hernán Andrés Daza Veleño, de 20; Humberto Luis Castilla Miranda y Fabián Reales Angulo. Según información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ninguno de los cuatro registraba antecedentes judiciales.
Durante los hechos también resultaron heridos al menos cuatro jóvenes más, mientras que tres integrantes de la Policía Nacional sufrieron lesiones, entre ellos dos subintendentes y un patrullero. Uno de los uniformados recibió un impacto de arma de fuego.
INDEPAZ LO CATALOGA COMO UNA MASACRE
Indepaz catalogó el caso como la masacre número 66 registrada en Colombia durante 2026, un hecho que ha generado preocupación en distintos sectores sociales y organismos defensores de derechos humanos.
El episodio ocurre además en un contexto de riesgos advertidos previamente por la Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas 013 y 020 para Valledupar. En dichos documentos se alertó sobre las amenazas derivadas de disputas por el control territorial y economías ilícitas en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, así como sobre los impactos que estas dinámicas generan sobre la población civil.
Las investigaciones avanzan bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer las responsabilidades y esclarecer lo ocurrido en uno de los casos más sensibles registrados este año en la capital del Cesar.