La Procuraduría recibió 556 quejas por presunta participación indebida en política durante la primera vuelta presidencial, según el balance que entregó este domingo el procurador general, Gregorio Eljach. Lo dijo el día en que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para elegir al sucesor de Gustavo Petro. La participación en política de los funcionarios fue uno de los temas más controvertidos de la recta final. La Constitución les prohíbe a los servidores públicos intervenir en campañas, una restricción que, según la Procuraduría, cobija a cerca de un millón de funcionarios. Eljach habló después de recorrer varios puestos de votación y aclaró que la cuenta de las 556 quejas todavía no estaba consolidada. “Ya Colombia se enterará qué pasó con eso”, dijo. El mismo día, sin esperar a que cerraran las urnas, abrió dos procesos disciplinarios. Suspendió a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo, por un video de TikTok en el que aparecía con prendas de la campaña de Iván Cepeda. Y abrió una investigación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por un discurso en Valledupar que la Procuraduría considera un respaldo al mismo candidato. Eljach habló de 151 quejas del proceso anterior, contadas hasta el día previo, de las cuales seis involucraban a ministros del despacho presidencial. En los días previos, la Procuraduría había informado que mantenía más de 140 investigaciones disciplinarias por participación indebida en política contra funcionarios de distintos niveles. Entre los investigados hay seis ministros del gabinete de Petro. La prensa ha mencionado a Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, este último por una frase en un evento oficial de su cartera en la que pidió que todos salieran a votar. Antes de la elección, el Ministerio Público ya había apartado a otros funcionarios. A finales de mayo suspendió a la alcaldesa de San Onofre (Sucre), Marta Cantillo, y semanas atrás a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez. Las denuncias contra el presidente Petro siguieron otro camino. Eljach explicó que las remitió a la Comisión de Instrucción y Juzgamiento de la Cámara de Representantes, conocida como Comisión de Acusaciones, la única instancia que puede investigar al jefe de Estado. Esa comisión ya le había respondido que cursaban diez procesos contra Petro por el mismo motivo. Las quejas sobre hechos posteriores al cierre de campaña las trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE). Días antes de la elección, el Consejo de Estado le ordenó a Petro abstenerse de hacer propaganda electoral y le encargó a la Procuraduría vigilar que cumpliera. Sobre su papel, Eljach dijo: “Yo soy el árbitro y no puedo coger para ningún lado”. Agregó que no se dejaría llevar por quienes “quisieran ver sangre en la arena” y pidió no apresurar las decisiones.
BOGOTÁ, (Colprensa).-