Gobierno traslada a Girón, Santander, a interno señalado por fiesta en Itagüí
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó este lunes el traslado del interno Paulo Andrés Torres Flórez desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz de Itagüí (Antioquia) al establecimiento carcelario de Girón (Santander) por su presunta participación en la fiesta vallenata del pasado 1 de abril en el pabellón de alta seguridad en Itagüi.
La decisión se produce a más de un mes de los hechos. Entre tanto se mantiene suspendida la interlocución con la mesa sociojurídica del proceso de paz urbana, mientras avanzan investigaciones disciplinarias, penales y administrativas que vinculan a 13 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
«Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril», señaló Cuervo.
El ministro indicó que la decisión responde una directriz del presidente Gustavo Petro: «desde el primer momento», el Gobierno instruyó al Inpec y a las demás autoridades a «adoptar medidas inmediatas para garantizar el orden y la disciplina al interior del establecimiento penitenciario».
El traslado se produjo días después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificara como «pura bulla» el anuncio gubernamental sobre el movimiento de los reclusos vinculados a la celebración. «Mire, usted le parece normal que en una cárcel de máxima seguridad hubieran podido hacer lo que hicieron o lo que han hecho. Han ordenado delitos desde allá. Dijeron traslados para tratar de calmar la cosa», afirmó entonces el mandatario local, quien aseguró que «ya estamos viendo quiénes son los que mandan. Mandan desde la cárcel, no manda el Gobierno».
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
A través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Gobierno instaló 36 cámaras integradas al sistema nacional del Inpec, que opera con capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo para el monitoreo en tiempo real de los establecimientos penitenciarios.
El Inpec, por su parte, puso en marcha operativos al interior del penal que derivaron en la incautación de celulares, licores, memorias USB y otros elementos prohibidos. La entidad estableció un esquema de vigilancia y supervisión sobre el proceso de paz urbana al interior del centro que, según informó el Ministerio, centraliza el control institucional y la trazabilidad de las actividades.
La directriz ordena el control de ingresos, el monitoreo de reuniones, la regulación de visitas, la revisión de alimentos, el control de elementos tecnológicos y reportes semanales a la Dirección de Custodia y Vigilancia. Establece, además, que «ningún espacio de diálogo puede desarrollarse por fuera de las condiciones de seguridad, disciplina y legalidad penitenciaria».
LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS
La Procuraduría General de la Nación asumió competencia sobre las investigaciones y vinculó a 13 funcionarios del Inpec, entre directivos y personal de custodia.
Entre los investigados figura Édgar Iván Pérez Ortega, director del penal, contra quien la Procuraduría Regional de Antioquia abrió investigación por presuntas irregularidades en la asignación de turnos durante la Semana Santa de 2026. También fue vinculado Fabián Leandro León Rodríguez, subdirector y director encargado del centro para la fecha de los hechos, por presunta falsedad en documento público.
El 17 de abril, el Ministerio Público anuló las primeras actuaciones contra 11 servidores al detectar fallas que afectaban el debido proceso, reabrió la indagación y ordenó la suspensión provisional de 12 funcionarios por tres meses, sin remuneración. Entre los suspendidos figuran los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; y el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.
Los hechos salieron a la luz el 8 de abril, cuando la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, publicó en la red social X fotos y videos en los que aparece el cantante vallenato Nelson Velásquez interpretando canciones ante un grupo de internos que compartían comida y licor en el pabellón de alta seguridad, donde permanecen recluidos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculadas a los diálogos de paz urbana con el Gobierno.
«¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? (…) ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad?», escribió Carrasquilla, quien luego declaró a Blu Radio que en el evento habrían participado voceros de la mesa de paz urbana y que se habría hecho una colecta para financiarlo, con un costo estimado de 500 millones de pesos.
El ministro Cuervo reconoció en su momento que la actividad no fue autorizada por el Gobierno ni por la dirección del Inpec. «Hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar. Fallaron los filtros», dijo el funcionario, quien calificó el hecho como «penoso» y ofreció excusas en nombre del Ejecutivo. Precisó que los internos vinculados a la mesa de diálogo cuentan con un régimen especial de visitas los miércoles, y que el grupo musical no ingresó formalmente como tal, sino que habría sido registrado como parte de los visitantes autorizados.
«Para que ingresaran estos elementos tuvieron que pasar cosas que las investigaciones deben establecer, incluida una posible corrupción», agregó Cuervo.
LA MESA DE PAZ URBANA, EN PAUSA
La suspensión de los diálogos con la mesa sociojurídica se mantiene vigente desde el 8 de abril, mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes. En el espacio sociojurídico figuran alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘El Indio’ y ‘Vallejo’, entre otros voceros.
José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, señalado jefe de la Oficina de Envigado y vocero reconocido en el proceso de paz urbana, quien cumple una condena de 32 años de prisión, difundió un comunicado en el que negó cualquier relación con los hechos. En el documento aseguró que el día del evento se encontraba en otro pabellón recibiendo visita familiar, afirmó que no contrató ni tuvo contacto con el artista y pidió que se investigara a los verdaderos responsables.
El Ministerio de Justicia reiteró que «ningún hecho que comprometa la seguridad, la disciplina y la legalidad al interior del sistema penitenciario será tolerado» y agregó que continuará acompañando las acciones institucionales para garantizar transparencia, control y cumplimiento de la ley.
/COLPRENSA