La elección de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), quedó en suspenso luego de que el Consejo de Estado decretara la suspensión provisional del acto de nombramiento, al considerar que, en principio, no estaría acreditado el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ejercer el cargo.
La decisión fue adoptada por la alta corporación dentro del trámite de una demanda de nulidad electoral presentada contra el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior de la institución oficializó la designación del directivo.
En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el Consejo de Estado concluyó que Echevarría no habría demostrado los cinco años de experiencia en educación superior requeridos por los estatutos universitarios al momento de su inscripción en el proceso de selección.
De acuerdo con el análisis preliminar realizado por el alto tribunal, el hoy suspendido rector acreditó únicamente cuatro años, diez meses y 26 días de experiencia docente en la Universidad Popular del Cesar.
La corporación judicial también descartó contabilizar el tiempo laboral certificado en la empresa UPARSISTEM S.A.S., argumentando que dicha entidad no tiene reconocimiento legal como institución de educación superior, condición indispensable para validar ese tipo de experiencia.
En el auto judicial se recuerda además que el Tribunal de Garantías Electorales, mediante el artículo séptimo del Acuerdo 008 del 28 de noviembre de 2025, inicialmente había inadmitido la inscripción de Echevarría por inconsistencias relacionadas con la acreditación de experiencia.
Sin embargo, el aspirante interpuso recurso de reposición argumentando que la valoración debía realizarse por períodos académicos y no por meses o días, sustentando su posición en disposiciones contenidas en el Estatuto Docente de la universidad.
Pese a ello, el Consejo de Estado consideró que, por ahora, no existe prueba suficiente que permita establecer el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para ocupar la rectoría de la UPC.
La decisión revive una controversia que desde finales de 2025 había generado fuertes cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. Sectores estudiantiles y docentes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de elección, señalando falta de transparencia en la revisión de hojas de vida y celeridad excesiva durante la sesión del Consejo Superior que definió la votación. Mientras avanza el estudio de fondo de la demanda de nulidad electoral, el acto de designación permanecerá suspendido provisionalmente.