En mesa de trabajo revisarán irregularidades de obras en la Ruta del Sol III
Una mesa de trabajo de alto nivel entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte fue acordada luego del debate de control político liderado por el senador Didier Lobo Chinchilla en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, donde se expusieron presuntas irregularidades, retrasos y riesgos derivados de la ejecución del proyecto Ruta del Sol III.
El congresista encendió las alertas sobre los efectos del denominado Otrosí 17 y advirtió que varias obras estratégicas podrían quedar inconclusas, afectando directamente a comunidades del Cesar y Magdalena. Entre las preocupaciones expuestas sobresale la situación de la glorieta del anillo vial de Bosconia, considerada un punto clave de conexión entre Valledupar, el interior del país y la Región Caribe.
“El país exige respuestas claras. No podemos permitir que, bajo figuras legales, se desmonten obras estratégicas y se afecte la confianza en la infraestructura nacional”, afirmó Lobo durante la sesión.
El senador cuestionó la actuación de la ANI y de Yuma Concesionaria S.A., señalando que las decisiones adoptadas habrían profundizado la crisis del proyecto. Según explicó, la ANI habría modificado condiciones contractuales favorables al concesionario y permitido la aplicación de la denominada regla de los 540 días, situación que podría comprometer la ejecución de obras prioritarias.
Además, expresó preocupación por la posibilidad de que recursos inicialmente destinados a infraestructura terminen dirigidos al pago de obligaciones legales con la concesionaria, mientras algunas intervenciones de doble calzada serían reemplazadas por obras menores.
Frente a Yuma, Lobo sostuvo que varios problemas tienen origen en fallas de diseño y planeación, particularmente en Bosconia y El Copey. También rechazó que la concesionaria atribuya los retrasos únicamente a las protestas sociales, argumentando que dichas manifestaciones surgieron precisamente por inconformidades relacionadas con errores técnicos y afectaciones a las comunidades.
Como resultado del debate, las entidades nacionales y autoridades territoriales acordaron instalar una mesa técnica para revisar el estado real del proyecto, evaluar las obras pendientes y buscar soluciones que permitan garantizar la culminación de los compromisos adquiridos.
“El Gobierno Nacional debe responder a las regiones. Aquí no se trata de excusas, sino de soluciones reales para las comunidades que hoy se sienten abandonadas”, agregó el congresista.
ALCALDES ALERTAN SOBRE RIESGOS Y AFECTACIONES
Durante la jornada participaron autoridades locales y departamentales, entre ellas los alcaldes de Bosconia, Jorge Patiño, y de Chiriguaná, Juan Carlos García; el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre Jaraba; y el secretario de Planeación de Aracataca, Pablo Segundo Peña.
El alcalde de Bosconia advirtió que la posible suspensión definitiva de la variante vial representa un grave retroceso para el municipio, tanto por el impacto en la movilidad como por los riesgos generados por una obra inconclusa.
Según explicó, el proyecto registra un avance cercano al 75 %, pero fue suspendido en medio de dificultades relacionadas con consulta previa y conflictos sociales. Agregó que las intervenciones parciales han generado inestabilidad en sectores como el barrio Cañaguate y frenado procesos de desarrollo urbano y económico.
El proyecto Ruta del Sol Sector III fue adjudicado en 2010 por el entonces INCO, hoy ANI, a Yuma Concesionaria S.A., con el propósito de construir y mejorar más de 900 kilómetros de vías estratégicas entre el centro del país y la Costa Caribe.
Sin embargo, desde el inicio de su ejecución enfrentó múltiples dificultades financieras, jurídicas, ambientales y sociales. La crisis derivada del escándalo de Odebrecht en 2017 paralizó gran parte de las obras y generó litigios internacionales contra el Estado colombiano.
Aunque en 2020 se intentó reactivar el proyecto mediante nuevos acuerdos contractuales, los conflictos con comunidades, bloqueos y retrasos continuaron intensificándose. Posteriormente, en 2025, el Gobierno Nacional y la concesionaria firmaron el Otrosí 17 con el objetivo de destrabar la ejecución; no obstante, en 2026 persisten los incumplimientos y la incertidumbre sobre la culminación de varios tramos estratégicos.