Desmantelan focos de minería ilegal en la Zapatosa
Una intervención liderada por la Corpocesar dejó al descubierto un preocupante panorama ambiental en el centro del Cesar, tras identificar y desmantelar al menos 15 puntos de extracción ilegal de oro en el corregimiento de Sempegua, zona rural de Chimichagua, dentro del complejo de la Ciénaga de Zapatosa.
La operación se originó a partir de una denuncia anónima y terminó en la imposición de una medida preventiva contra responsables aún no identificados. Durante la inspección, técnicos de la entidad evidenciaron una actividad minera organizada, con presencia de entre 15 y 20 personas en cada frente de explotación, utilizando motores de agua, bateas y técnicas artesanales como el barequeo y el masamorreo.
Uno de los hallazgos más alarmantes fue el uso de mercurio en los procesos de extracción, una sustancia altamente tóxica y prohibida en ecosistemas de especial protección.
Roberto Márquez, jefe de la oficina jurídica de la corporación, advirtió sobre los graves impactos ambientales que esta práctica genera en una zona estratégica para la biodiversidad.
El área intervenida cuenta con varias figuras de protección ambiental, entre ellas el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) del Bajo Cesar, el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) y su reconocimiento internacional como humedal Ramsar, lo que implica restricciones absolutas frente a actividades como la minería.
Aunque las acciones legales se adelantan contra “personas indeterminadas”, la magnitud logística de la operación ilegal ha encendido las alertas sobre la posible participación de estructuras criminales o grupos armados, un fenómeno recurrente en regiones donde este tipo de economías ilícitas se convierte en fuente de financiación.
En tal sentido, Corpocesar delegó a la Alcaldía de Chimichagua la ejecución inmediata del procedimiento, con acompañamiento de la Fuerza Pública. La entidad confirmó que existe coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares para intervenir la zona sin dilaciones.
El caso se suma a una creciente presión sobre los recursos naturales del departamento. Según cifras de la corporación, durante 2025 se atendieron 168 denuncias ambientales pendientes, mientras que en lo corrido de 2026 se han recibido 109 reportes, de los cuales cerca del 95 % ya han sido gestionados. Entre las acciones recientes también se incluyen intervenciones en el río Guatapurí por vertimientos contaminantes.