La Contraloría determinó que la decisión del gobierno del presidente, Gustavo Petro de desincentivar la extracción de carbón térmico —mediante el aumento de impuestos y la prohibición de exportaciones— generó entre 2023 y 2024 una caída del 9,52% en el Producto Interno Bruto (PIB) Minero, un desplome del 60,8% en la Inversión Extranjera Directa (IED) y una reducción del 48,82% en las exportaciones del sector.
Así lo reveló el estudio sectorial ‘Eliminación de la extracción de carbón en Colombia, su impacto fiscal y la situación actual de otros minerales’, que añadió que también se registró una pérdida de más de $5 billones en regalías para el sector minero en el mismo periodo.
El PIB minero pasó de $12.179 millones constantes de 2015 en 2023 a $11.020 millones en 2024. En el mismo periodo, la IED en el sector cayó de 3.442 millones a 1.349 millones de dólares, mientras que las exportaciones de minerales se redujeron de 13.794 millones de dólares FOB a 7.060 millones de dólares FOB.
Las regalías registraron la caída más pronunciada: pasaron de $8,1 billones constantes de 2024 a $2,8 billones, una reducción del 63,16%, en la que la extracción de carbón tiene una participación determinante.
El estudio también reconstruyó el peso histórico del sector: entre 2010 y 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó del sector minero $64,39 billones constantes de 2024, de los cuales el 72,12% —equivalente a $46,43 billones— provino de la industria del carbón térmico. La extracción de oro y otros metales preciosos ocupó el segundo lugar, con el 9,15% del recaudo, equivalente a $5,89 billones.
La Contraloría señaló que la puntuación de Colombia en el indicador de atractivo de inversión del Instituto Fraser de Canadá pasó de 72,29 puntos en 2020 a 44,3 puntos en 2024, lo que, según el documento, evidencia «la pérdida de interés en el país para la inversión en la extracción de minerales, desplazando a grandes mineras hacia países con mejores oportunidades».
El organismo de control recomendó al Gobierno que, si va a realizar una transición energética, «la haga de una forma gradual y planificada, donde se impulse la explotación de minerales estratégicos, particularmente el cobre», dado que su demanda a nivel mundial y la posición geográfica de Colombia —dentro del Cinturón Andino del Cobre, la franja geológica que recorre la cordillera de los Andes— podrían generar ingresos superiores a los que hoy produce el carbón térmico.
Sin embargo, el estudio advirtió que la mayoría de los proyectos de cobre, níquel, oro, esmeraldas, grafito, tierras raras y coltán con los que cuenta Colombia permanecen en etapas tempranas y sin procesos de ronda minera, y que el desarrollo de proyectos de gran escala exige «plazos prolongados para su consolidación».
El estudio también alertó sobre litigios internacionales activos que, según la Contraloría, se habrían podido evitar si las entidades gubernamentales hubieran consultado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que en la Circular 05 de 2019 dictó lineamientos sobre la prevención del daño antijurídico.
El organismo recomendó establecer coordinación entre las entidades del Gobierno y hacer uso de las herramientas disponibles de dicha agencia.
/Colprensa