SIC investiga a Movistar por cobros de equipos WiFi sin autorización de usuarios
La decisión se tomó tras recibir múltiples denuncias de usuarios que reportaron cobros por equipos repetidores “Baseport” que, según indicaron, no habían autorizado.
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa contra Movistar por presuntos cobros de equipos repetidores de WiFi sin el consentimiento previo de los usuarios.
Investigación por denuncias de usuarios
La entidad informó que la actuación se formalizó mediante la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026, en la que se formularon cargos contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC.
La decisión se tomó tras recibir múltiples denuncias de usuarios que reportaron cobros por equipos repetidores “Baseport” que, según indicaron, no habían autorizado. De acuerdo con la SIC, esta conducta “podría vulnerar el derecho de libre elección de los consumidores”.
Cobros sin consentimiento y posibles irregularidades
Según la autoridad, los hechos investigados se habrían presentado entre agosto de 2020 y mayo de 2024. En ese periodo, al parecer, a los usuarios “se les habría estado facturando equipos repetidores de WiFi sin contar con el consentimiento expreso”.
La SIC también advirtió que estos cobros podrían constituir “cobros sorpresa”, al tratarse de cargos que “no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos”.
Otro de los cargos formulados está relacionado con el presunto incumplimiento del deber de información. La entidad señaló que el operador habría desconocido el derecho de los usuarios a recibir información “suficiente, oportuna y comprobable”.
En ese sentido, indicó que Movistar no habría mantenido actualizado el contrato único de prestación de servicios fijos ni garantizado el acceso a su contenido por parte de los usuarios.
Posibles sanciones y proceso
La Superintendencia advirtió que, de comprobarse las conductas, se podrían imponer multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción.
Además, precisó que contra la formulación de cargos no procede recurso, pero la empresa cuenta con un plazo de 15 días para ejercer su derecho de defensa y contradicción.