Plan de choque en Río de Oro y González por reclutamiento de menores
El sur del Cesar vuelve a estar bajo la lupa de los organismos de derechos humanos. La reciente Alerta Temprana 006 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo, ha encendido las alarmas al revelar un riesgo crítico de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los municipios de Río de Oro y González.
Aunque la región no presenta las cifras alarmantes de otras zonas del país, el año 2025 se cerró con siete casos reportados. Según Juana Pacheco, asesora de Paz del departamento, ya no se trata únicamente de incursiones violentas, sino de la persuasión.
Informes de la Oficina de Paz indican que estructuras del ELN y disidencias de las FARC operan en la zona utilizando falsas promesas y engaños para atraer a los menores. Esta modalidad busca romper el tejido familiar sin el uso inmediato de la fuerza, dificultando la detección temprana por parte de las autoridades.
“Un solo niño en la guerra ya es una derrota para el Estado”, manifestó Pacheco, destacando que la prioridad actual es el blindaje de los entornos escolares y familiares.
CARTILLA PEDAGÓGICA
Ante la inminencia del riesgo, la Gobernación del Cesar ha tomado la iniciativa con una estrategia que ya atrajo la atención del Gobierno Nacional. Se trata de la cartilla pedagógica: “Protejámonos del reclutamiento forzado, una niñez con derechos es una niñez feliz”.
Este manual preventivo ha tenido tal impacto que los ministerios del Interior y de Defensa han solicitado formalmente los derechos para replicar el modelo en el resto del territorio colombiano.
Ante esta situación preocupante, la funcionaria destacó que entre las acciones que se están tomando para hacer frente al reclutamiento forzado, están los comités de emergencia en Río de Oro con participación de Salud, Educación y Fuerza Pública.
Talleres comunitarios para capacitar a líderes y padres para identificar señales de captación; y el fortalecimiento de los canales de comunicación segura para las familias en riesgo.
El enfoque pedagógico busca que el menor no sea visto como un objetivo por los grupos ilegales, sino como un sujeto de derechos protegido por su comunidad. Mientras la fuerza pública refuerza la vigilancia en los corredores rurales, desde el gobierno departamental se apuesta por la educación como el principal escudo contra la violencia, reiteró la Asesora de Paz.