Los detalles de la acusación contra Bonilla y Velasco que llegó a la corte
La Fiscalía General de la Nación calificó como «empresa criminal» la asociación entre los ex ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quienes llamó a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por haber presuntamente dirigido una red que comprometió $612.237 millones en contratos de obras públicas a cambio de votos parlamentarios para la aprobación de las reformas pensional y de salud, y para la viabilización de créditos públicos del Gobierno.
En un documento de 287 páginas al que accedió El Tiempo, la Fiscalía estableció que desde, por lo menos, mayo de 2023 y hasta mediados de febrero de 2024 —el período en que Velasco y Bonilla encabezaron sus respectivas carteras—, ambos funcionarios se habrían concertado entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.
El mecanismo, según el ente acusador, consistió en pactar con congresistas el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a cambio de su voto en las comisiones legislativas a las que pertenecían.
A ese esquema se vincularon Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de esa entidad, quienes —según la acusación— fueron los encargados de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados.
LAS CIFRAS
Los proyectos habrían beneficiado a congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado. En total: 74 proyectos en el Invías por $571.701 millones y cinco en la Ungrd por $40.536 millones, para un acumulado de $612.237 millones. De ese monto, la Fiscalía precisa que solo siete proyectos habrían sido concertados.
De los 71 proyectos gestionados a través del Invías, la distribución por comisión fue la siguiente: la Comisión Cuarta de Cámara recibió 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658 millones; la Comisión Cuarta de Senado, 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816 millones; la Comisión Tercera de Senado, 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145 millones; y la Comisión Tercera de Cámara, 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380 millones.
LOS ROLES
La acusación describe una «división de trabajo preacordada» en la que cada integrante de la red cumplía una función específica. Respecto a Velasco y Bonilla, el documento señaló que «impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la Ungrd para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas».
Uno de los episodios documentados ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con parlamentarios y ampliar mayorías, en el marco del trámite de la reforma pensional. En ese contexto, López debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba el respaldo gubernamental a esa reforma.
Tres meses después, en el empalme de las ex asesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se dejó constancia de que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales —denominados «cupos indicativos»— a favor de congresistas.
Esos proyectos eran autorizados por el entonces ministro Bonilla. En ese espacio, a Benavides se le entregó una tabla en Excel con la relación de proyectos en el Invías que se tramitarían a cambio de votos.
La Fiscalía también documentó la presunta operación sobre la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre junio y noviembre de 2023, Bonilla presentó ante esa célula —integrada, entre otros, por Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, hoy acusados y dos de ellos presos— 17 operaciones de crédito público, que inicialmente no fueron tramitadas por falta de quórum y retiro de parlamentarios de las sesiones.
Solo el 28 de noviembre de 2023 comenzaron a viabilizarse, con la aprobación unánime de los congresistas asistentes. El ente acusador sostiene que esa concurrencia «solo se logró después de convenir con los legisladores que, a cambio, se les entregaría contratación pública».
El 18 de septiembre de 2023, en la Casa La Giralda, dependencia del Ministerio del Interior, se llevó a cabo una reunión entre Velasco, Bonilla y la exasesora Benavides. Según la acusación, «en ese encuentro, Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos».
La Fiscalía señaló que las conductas se habrían ejecutado bajo circunstancias de mayor punibilidad, al comprometer recursos destinados a la gestión del riesgo y a infraestructura de transporte, es decir, a la conectividad y movilidad de los colombianos.
El mismo martes 7 de abril en que se presentó la acusación ante la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla por vencimiento de términos.
- COLPRENSA