Condenan a miembros del Ejército por ‘falso positivo’ en el Cesar
El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad del Estado por la muerte de Diovanys José Caamaño Rojas, ocurrida el 28 de agosto de 1997 en el municipio de Curumaní, Cesar.
El joven de 24 años se movilizaba en una motocicleta junto a otras dos personas cuando fueron interceptados y asesinados por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 2 ‘Guajiros’. Pese a que en su momento el Ejército presentó el hecho como un combate contra el ELN, la justicia determinó que se trató de un montaje para encubrir la ejecución de civiles en estado de indefensión.
La sentencia ratifica que hubo una falla en el servicio y califica la muerte como ‘calculada, infame y fría’, respaldando la tesis de que las víctimas fueron vestidas jurídicamente como enemigos para justificar lo injustificable.
Javier Villegas Posada, apoderado de la familia y quien lidera más de 200 casos similares en el país, sostuvo que este fallo reconoce que a Caamaño Rojas no lo mató la guerra, sino el propio Estado, que posteriormente intentó ocultar la verdad mediante una mentira oficial que revictimizó a sus allegados durante casi tres décadas.
Un punto clave en la decisión del Tribunal, es el reconocimiento de que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el término de caducidad para demandar debe contarse desde el momento en que las víctimas conocen la participación real del Estado y no necesariamente desde la fecha del crimen.
Según la defensa, pretender que el reloj corriera mientras el Estado ocultaba los hechos habría sido perpetuar la impunidad, por lo que el Tribunal corrigió esta situación con una decisión que prioriza la verdad sobre el paso del tiempo.
El fallo ordena medidas de reparación integral que van más allá de lo económico. Además de las indemnizaciones por perjuicios morales y lucro cesante, el Ejército Nacional deberá realizar un acto público de disculpas y publicar un reconocimiento oficial de su responsabilidad.