La Procuraduría General de la Nación formalizó un requerimiento de carácter preventivo contra la administración departamental del Cesar, encabezada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y la secretaria de Educación, Yasmin Rocío Gracia. El objetivo es obtener claridad sobre el estado actual y la transparencia en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la presente vigencia.
El ente disciplinario solicitó un informe detallado que identifique a los funcionarios y dependencias responsables de las etapas críticas del programa: desde la planeación y contratación hasta la supervisión directa en los planteles educativos. La medida busca blindar los derechos fundamentales de la infancia y las minorías étnicas en el departamento.
Uno de los puntos neurálgicos de la solicitud radica en confirmar si el servicio de alimentación se está prestando sin interrupciones. En caso de que la respuesta sea negativa, la Gobernación deberá justificar las razones técnicas o administrativas por las cuales no se ha dado inicio oportuno al programa, detallando además las fechas de suscripción de los contratos, los operadores seleccionados y los cronogramas de ejecución.
“El Ministerio Público busca determinar si se han dispuesto medidas transitorias de contingencia para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en el Cesar”, señala el requerimiento.
Se pretende establecer si existe una vigilancia rigurosa que prevenga suspensiones del servicio, asegurando que los recursos destinados a la nutrición escolar no se vean comprometidos por deficiencias en la gestión pública.
La Procuraduría advierte que permanecerá atenta a las respuestas de las servidoras públicas para decidir si es necesario elevar la intervención a etapas de investigación disciplinaria, en caso de hallar inconsistencias que pongan en riesgo la seguridad alimentaria de la población estudiantil cesarense.