Apuestas contra la corrupción
En mi columna anterior compartimos las apuestas de los candidatos presidenciales para restablecer la seguridad. En esta oportunidad hablaremos sobre sus iniciativas para prevenir y combatir la corrupción, la tercera preocupación de los colombianos, de acuerdo con el último sondeo de Invamer.
El Índice de Percepción de Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, le asigna a Colombia una calificación de 37 sobre 100, un retroceso en 12 posiciones en el ranking global. Por su parte el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos (2025) evaluó 16 indicadores del gobierno Petro en su desempeño contra la corrupción, alcanzando la cifra más baja de su administración, 33 sobre 100.
Desafortunadamente, la hidra de mil cabezas sigue enquistada en el ADN de la institucionalidad, se regenera y prolifera con evidente facilidad. A Colombia, no le ha llegado la hora de contar con una dirigencia que asuma las serias consecuencias que acarrea erradicar estructuralmente la corrupción, con carácter e independencia, y sin temor a agotar sus dividendos políticos. Aún no existe, periodo de gobierno que se recuerde en el inconsciente colectivo por haber librado una lucha frontal y efectiva contra este fenómeno. La bandera contra la corrupción se agita hábilmente en campaña electoral, con la misma intensidad y fuerza de los escándalos, que no cesan, cuando ejercen el poder.
Pero el gobierno de Petro superó todos los récords. Ausente en principios y opositor del establecimiento, no solo fue financiado ilícitamente, llegó a robar descaradamente, bajo el supuesto de que “si han robado por décadas, porque no podemos hacerlo nosotros, ahora en el poder” y así lo han hecho. Recordemos, que en el 2024 emitió el Decreto 1600 formulando una Estrategia Nacional Anticorrupción, que prácticamente quedó en el papel y sin legitimidad alguna, debido a la larga lista de casos por corrupción que lo acompañan.
La incredulidad en las campañas políticas, el desprestigio de los gobiernos y la decadencia de la dirigencia política tradicional, han llevado a que el show mediático y el uso de las plataformas digitales tengan atrapado al elector en las formas, en desmedro del contenido. Poco importan las propuestas, son mera charlatanería, ninguno cumple, es la creencia general.
Sin embargo, mencionaremos algo sobre las apuestas de los candidatos. Todos sin excepción y con reiterado énfasis plantean la urgencia de prevenir e intervenir la corrupción. Y tal como ocurre con la seguridad, encontramos más de lo mismo, nada extraordinario. Se propone la implementación de una Fiscalía Antimafia -que ya existe, Bloques Anticorrupción, – que han fracasado, un Sistema Nacional contra la Corrupción, -complejo e inservible, y medidas de articulación en inteligencia e investigación, extinción de dominio, rendición de cuentas y mayor transparencia en la contratación pública, -el mismo libreto-.
Y el problema radica, en que los candidatos en contienda, todos, también sin excepción, siguen abajo en las expectativas del ciudadano en esta materia. El candidato del Pacto Histórico defiende la ilegitimidad de su gobierno y con cinismo desconoce la corrupción crónica enquistada y desplegada desde la Casa de Nariño. La candidata Paloma Valencia, quien emerge con mayor autoridad moral, sin tacha alguna en su trayectoria profesional, al igual que su vicepresidente y su equipo de la Gran Consulta, parece generar un aliento de esperanza. En similar posición está Sergio Fajardo. Ahora bien, la condena del exsenador Ciro Ramírez para la primera, y el cuestionado asesor de campaña para el segundo, han restado méritos de transparencia e integridad a estas campañas.
De otro lado, Claudia López, siempre con tono fuerte contra la corrupción, se destaca por haber cumplido una administración transparente en el Distrito Capital, pero la acompaña el karma de su aliado incondicional del pasado, el prófugo de la justicia y alfil de este gobierno, Carlos Ramón González. Y finalmente, los supuestos defensores de la patria, líderes de la campaña “sucia”, claro, propia de su naturaleza, que, con el origen y trayectoria de su candidato, el Oscar Goodman colombiano, estarán “embargados” por siempre, y poca o nada autoridad moral les queda, para asegurar y garantizar una lucha efectiva y transparente contra la corrupción y el crimen.
Aprendamos de Uruguay, imbatible por muchos años en la mejor calificación contra la corrupción de los países latinoamericanos. Con instituciones sólidas y confiables, una democracia estable y una justicia independiente. La sociedad civil es activa, muy participativa y vigilante. Y dispone de mecanismos de control y participación eficaces. Simple y llanamente, cultura de la legalidad, de la que tanto carecemos.
*Exdirector de la Policía Fiscal Aduanera