El filibusterismo monetario
El lamentable episodio que promovió el ministro de Hacienda contra el Banco de la República, saliéndose de la reunión, montando una rueda de prensa paralela, y anunciando estrepitosamente que no volverá a presidir las reuniones de la junta directiva del Emisor como lo ordena la ley, hace recordar aquellos debates en el Congreso cuando agrupaciones políticas que sintiéndose en minoría, en vez de afrontar serenamente el debate y aceptar sus conclusiones, resuelven abandonar el recinto y desbaratar el quorum.
Algunas premisas es bueno recordar para evaluar si el presidente Petro y su ministro de Hacienda obraron bien o mal en esta comedia de “filibusterismo monetario”.
La primera premisa que se ha desconocido por el ministro de Hacienda es la independencia debida al Banco Central de Colombia y a las decisiones de su junta directiva como lo prescribe la Constitución de 1991.
Cuando el ministro de Hacienda se retira molesto porque la junta directiva del banco, por mayoría, adopta una decisión consistente en elevar 100 puntos porcentuales las tasas de interés, está pretendiendo desconocer una decisión mayoritaria de la junta del banco emisor y por lo tanto está incurriendo en un comportamiento contrario a la independencia del Banco de la República.
El Banco de la República no es una oficina subalterna de la Casa de Nariño. Es un ente estatal cuyas funciones básicas según el Art. 371 de la Constitución son: la de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”. Así mismo le corresponde emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, y servir como agente fiscal del gobierno. Todas estas funciones se ejercerán, dice la Constitución “en coordinación con la política económica general”.
Esta necesidad de coordinar las políticas del gobierno con las del Banco de la República explican que la ley haya dispuesto que el ministro de Hacienda sea miembro de la junta directiva del Emisor y presida sus reuniones.
Pero que la ley disponga que el ministro presida la junta directiva no significa que la suya sea una opinión preponderante. Él es finalmente uno entre pares. Es decir, su opinión tiene el mismo peso que la de cualquier otro de los cinco directores del banco.
¿Por qué tomó esta medida el Banco de la República? no fue por capricho; lo fue porque todos los indicadores apuntan en una dirección preocupante: la inflación está aumentando más allá de los límites esperados. De allí que el máximo rector de la política monetaria que debe velar “por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda” no podía quedarse de brazos cruzados. Pues hacerlo, equivaldría contrariar el mandato que le impone el Art. 373 de la Constitución.
Ante las señales de una inflación doméstica más alta que la esperada, se suma ahora la arena internacional marcada por la guerra de Irán que ya ha generado una llamarada en precios tan vitales para cualquier economía como es el crudo del petróleo, el gas natural o los fertilizantes. Todos los cuales serán combustibles importados para atizar las fuerzas inflacionarias de los próximos meses.
Es respetable que las opiniones del gobierno y del ministro de Hacienda difieran frente a las que tienen las voces mayoritarias en la junta directiva. Lo que no es respetable, sino por el contrario censurable, es que el gobierno en vez de actuar institucionalmente, como sería la actitud lógica de quien es derrotado en una discusión de cualquier junta directiva que es la de dejar una constancia en las actas respectivas de su discrepancia, resuelva volver este asunto del Banco de la República una bandera política, estridente y peligrosa, llamando a la ciudadanía colombiana a levantarse contra esa entidad.
Estamos a pocas semanas de unas elecciones presidenciales en Colombia. El debate es y será enconada. Pero sumarle ahora al Banco de la República como uno de los “malos” que hay que derrotar y del que temerariamente dice el gobierno que es un aliado de los bancos y del gran capital, es algo que trae graves consecuencias internacionales, acentúa el descrédito externo de la política económica colombiana, y nos pone al borde del precipicio.
La independencia del Banco Central es una de las grandes conquistas del constitucionalismo moderno. No hay que olvidar que las devastadoras hiperinflaciones que experimentó el cono sur latinoamericano en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX se debieron a que sus bancos centrales, por no ser independientes del gobierno, tuvieran que dedicarse a emitir dinero para financiar gastos descabellados del ejecutivo, pues no contaban con la coraza de la independencia frente a los gobiernos de turno.
El lamentable episodio que protagonizó el ministro de Hacienda este 31 de marzo no fue otra cosa que un calenturiento episodio de filibusterismo monetario, que ojalá no pase a mayores.