23 jóvenes fueron asesinados en dos meses en buenaventura, denuncia defensoría
La Defensoría del Pueblo emitió este martes una alerta por el aumento de homicidios en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos, la mayoría de jóvenes entre los 17 y 30 años, en el marco de disputas entre grupos armados organizados por el control territorial, junto con desapariciones, reclutamiento de menores, extorsiones y confinamientos que afectan a las comunidades del puerto.
La entidad señaló que el incremento de los homicidios responde a «procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos».
Las zonas más afectadas son las comunas con sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y áreas de la comuna 12, donde la consolidación de «fronteras invisibles» ha derivado en restricciones a la movilidad y confinamientos en distintos puntos de la ciudad.
La Defensoría advirtió que estas dinámicas «también se relacionan con el control de economías ilícitas» y que los jóvenes hombres son el grupo más golpeado, con «patrones de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas territoriales».
Además de los homicidios, la entidad documentó al menos tres casos de personas desaparecidas, un caso confirmado de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otro presuntamente vinculado a estructuras armadas, y situaciones de extorsión a comerciantes y transportadores en corredores viales. También se registraron secuestros, enfrentamientos con disparos que afectaron viviendas, y perturbaciones en entornos escolares.
La Defensoría precisó que «la falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación afectan a las familias que están a la espera de información que les permita encontrar a sus seres queridos desaparecidos».
La entidad fue explícita al señalar que «la respuesta del Estado no ha sido suficiente frente a las dinámicas de control territorial de los actores armados organizados», y que «la persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas reflejan la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio».
Por ello, la Defensoría instó al Gobierno nacional, regional y local a poner en marcha «una intervención integral en seguridad, justicia y oferta social», con prioridad en los sectores más afectados y con atención diferenciada hacia jóvenes, comunidades en condición de vulnerabilidad y entornos educativos.
La entidad también exigió a los grupos armados que participan en conversaciones de paz que cumplan «los acuerdos a los que se comprometieron, respetando la vida e integridad de personas lideresas y comunidades», y que continúen avanzando «en los procesos de diálogo que permitan su disolución y reintegración a la sociedad».
/Colprensa.