Siete capturados por desvío de fondos para población vulnerable en la Guajira
Siete personas, entre ellas tres exfuncionarios del ICBF, fueron llevadas ante la justicia por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a la atención de primera infancia y mujeres gestantes de grupos étnicos y comunidades rurales en Riohacha y Manaure durante 2019.
De acuerdo con la investigación, Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murga eran los encargados de llevar a cabo un mecanismo en el que desde la supervisión de los contratos avalaban pagos inflados a una asociación encargada de ejecutar el programa, con base en informes y cuentas que no correspondían a los costos reales.
Para justificar esos valores, proveedores vinculados al proceso habrían emitido facturas con precios por encima del mercado en productos básicos como alimentos perecederos, carnes y verduras.
Con esos documentos, la contratista reportaba gastos mayores y lograba que el ICBF desembolsara más recursos de los que realmente se requerían.
El resultado, según el ente acusador, fue un desvío millonario por más de 860 millones de pesos en un programa sensible, dirigido a garantizar alimentación a población en condiciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía les imputó delitos relacionados con peculado y falsedad documental, mientras avanza el proceso para establecer el nivel de responsabilidad de cada uno en un caso que vuelve a poner el foco sobre el manejo de recursos públicos en programas sociales en La Guajira.
- colprensa