La gestión de los líderes del fútbol
Durante las últimas décadas el fútbol colombiano ha construido una institucionalidad que le ha permitido proyectar talento, consolidar una industria deportiva compleja y posicionar al país en los escenarios futbolísticos más exigentes del mundo. Ese proceso no ha sido fruto del azar, sino de la gestión sostenida de dirigentes, clubes y federaciones que han sabido combinar planeación estratégica, organización institucional y disciplina deportiva.
Sin embargo, de manera paradójica, ese mismo modelo de gobernanza que ha permitido estos avances hoy enfrenta un inédito escrutinio administrativo que pretende reinterpretar decisiones propias del gobierno interno del fútbol profesional como posibles conductas anticompetitivas.
Durante los últimos tres años, la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los más de treinta clubes que integran el fútbol profesional del país han sido objeto de una serie de denuncias que han derivado en extensos procesos administrativos sancionatorios. Estas actuaciones han sido impulsadas por un reducido grupo de líderes sindicales de futbolistas y por un exsuperintendente de Industria y Comercio con notable ascendiente doctrinario dentro de esa entidad.
Las pretensiones formuladas en dichos procesos resultan, cuando menos, llamativas. En uno de ellos se pretende sancionar a los clubes, a la Federación, a la Dimayor y a sus directivos bajo el argumento de que no habrían destinado todos sus recursos a la consolidación del fútbol femenino y por haber devuelto al ministerio de Hacienda recursos públicos que, según se afirma, permanecían sin ejecutar. En otro expediente se busca imponer sanciones por la supuesta existencia de listas negras, prácticas discriminatorias o presuntos vetos empresariales o disciplinarios frente a determinados jugadores considerados problemáticos.
Más allá de la discusión puntual de estos casos, lo verdaderamente novedoso -y jurídicamente problemático- es que la Superintendencia de Industria y Comercio haya decidido admitir que controversias laborales, disciplinarias y administrativas propias del funcionamiento interno del fútbol profesional puedan ser reinterpretadas como posibles conductas anticompetitivas dentro de la industria del deporte. Bajo esa lógica, conflictos que históricamente han pertenecido al ámbito de la jurisdicción laboral, del ministerio del Trabajo o de la regulación deportiva terminan siendo trasladados al terreno del derecho de la competencia.
La tradición jurídica comparada ofrece una perspectiva distinta. En Washington y en Europa existe una larga cultura jurídica que distingue con claridad entre las reglas internas de gobernanza del deporte profesional y las verdaderas conductas restrictivas de la competencia en los mercados. En la mayoría de los sistemas comparados, la organización interna de las ligas, los mecanismos disciplinarios y la administración del talento dentro del deporte profesional se examinan dentro del ámbito propio de la regulación deportiva y laboral especializada, no bajo la lógica del derecho sancionatorio de la competencia económica.
Pero más allá del debate jurídico existe un elemento de fondo que no puede ignorarse. El fútbol colombiano no es una estructura improvisada ni un sistema carente de reglas. Durante décadas ha venido consolidando un modelo institucional que combina planeación estratégica, desarrollo del talento, organización financiera y mecanismos de disciplina interna que permiten preservar la estabilidad y la credibilidad del sistema.
Ese proceso ha permitido que los clubes estructuren sus proyectos deportivos, que la Federación fortalezca los procesos formativos y que los jugadores colombianos se proyecten con éxito en las principales ligas del mundo. Hoy Colombia es reconocida internacionalmente como una de las grandes canteras de talento futbolístico del planeta. Nada de ello ocurre por casualidad.
Detrás de esos resultados existe una institucionalidad que ha sabido construir reglas internas, establecer estándares disciplinarios y desarrollar políticas estratégicas para el manejo del talento deportivo. En cualquier industria compleja-y el fútbol profesional lo es- la gobernanza institucional y la disciplina organizacional no son anomalías: son condiciones indispensables para el funcionamiento del sistema.
Por ello, resulta legítimo preguntarse si someter ese entramado institucional al escrutinio sancionatorio del derecho de la competencia contribuye realmente a fortalecer el fútbol colombiano o si, por el contrario, termina debilitando una estructura que ha demostrado ser eficaz. Cuando las decisiones estratégicas de gobierno interno comienzan a reinterpretarse como potenciales infracciones anticompetitivas, el riesgo es evidente: la institucionalidad deja de concentrarse en construir y se ve obligada a defender permanentemente su propia existencia.
En ese punto el debate deja de ser constructivo y comienza a transformarse en lo que muchos observadores han denominado una forma de “fuego amigo”: una confrontación interna que, lejos de fortalecer al sistema, amenaza con erosionar las bases de una industria que ha proyectado el nombre de Colombia en los escenarios deportivos del mundo.
El fútbol colombiano, con todas sus imperfecciones, ha demostrado que es capaz de organizar una industria, proyectar talento y representar al país en los más altos escenarios deportivos internacionales. Lo verdaderamente sensato sería fortalecer esa institucionalidad y perfeccionar sus reglas.
*ExComisionado de Paz