Cárcel para abogado que extorsionaba al alcaldes del Cesar
Un juez de control de garantías de Valledupar, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas señaladas de integrar una presunta red dedicada a la extorsión de funcionarios públicos en el departamento del Cesar.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tras considerar que los procesados representan un riesgo para la comunidad.
Los imputados son el abogado Juan David López Rojas, junto a Federman Arley López y José Carlos Toncel, a quienes se les atribuyen los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y tentativa de extorsión. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias.
De acuerdo con la investigación, entre las víctimas figuran el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Fabio Hernández Cataño; el alcalde de Becerril, Fabián Martínez García; el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Jagua, Jaime Luis Ochoa; y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan.
Según el ente acusador, las exigencias económicas habrían alcanzado cerca de 300 millones de pesos.
Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía presentó elementos materiales probatorios como videos y registros de llamadas telefónicas que darían cuenta de al menos tres episodios extorsivos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, dos contra el mandatario de Becerril y un intento fallido contra la gobernadora del Cesar.
La investigación indica que la presunta organización operaba bajo la fachada de una veeduría ciudadana, mecanismo que utilizaban para ejercer presiones sobre sus víctimas y exigir dinero.
Además, se estableció que el grupo habría mantenido una estructura con vocación de permanencia entre noviembre de 2025 y el 20 de marzo de 2026, fecha en la que se realizaron las capturas en el centro comercial Los Mayales, en Valledupar.
El juez determinó que los señalados deben permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso, al considerar la gravedad de los hechos y el posible peligro que representan.
Por su parte, la defensa interpuso recurso de apelación contra la decisión, el cual será analizado por un juez de segunda instancia en los próximos días.
Las autoridades señalaron que las conductas investigadas incluían presiones psicológicas para obligar a las víctimas a entregar dinero, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilegales.