Así se movieron los $31 billones que el Gobierno Petro entregó “a dedo”
A menos de cinco meses para que se termine el mandato de Gustavo Petro, se conoció que el Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares —es decir, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos—, y todo a “dedo” y con saldos muy discutibles en cuanto a ejecución.
Tras la revelación de El Tiempo, las alarmas se encendieron. La forma en la que entregaron esa cantidad de dinero fue a través de las Asociaciones Público-Populares, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno. Resulta que esa figura ya había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública. Aún así, ha servido para lo que lo que muchos han calificado como derroche.
Específicamente, este derecho de petición mostró que se han firmado 80.736 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos desde el 2022. La mayoría de contratos tienen baja ejecución, lo que refleja el “caos” administrativo del Ejecutivo.
El escándalo llega en plena época electoral y no es casualidad. Las comunidades beneficiadas son muy cercanas al Gobierno Nacional, y parece que su apoyo no es gratuito.
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS
En detalle, según la información revelada, este Gobierno entregó más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de $2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de $1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de $700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; más de $6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de $382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
De los 55.434 contratos celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309, por 4,7 billones, aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, 165, por 137.000 millones.
De los consejos comunitarios hay poco más de 1.000, por cerca de $300.000 millones, mientras que de las juntas de acción comunal hay 539 por $22.000 millones.
Finalmente, de los cabildos indígenas, solo se firmaron 48 contratos, por $17.000 millones, y de los resguardos, 214, por 448.000 millones.
La mayoría de los contratos aparece en estados como “modificado”, “celebrado” y “en ejecución”. Por ello, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos recursos que son billonarios, pero que no se ven materializados en las obras públicas prometidas. Además, una parte de los dineros fueron entregados en efectivo por lo que es difícil hacer seguimiento a la trazabilidad de los recursos.
Según un informe del ente de control fiscal, la política de “Caminos para la Paz”, que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” que prometió el Gobierno Petro, apenas se habían construido 2.387 kilómetros: el 7 % del objetivo.
LO QUE TUMBÓ LA CORTE
La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobados en 2023.
En ellos se señalaba que “las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Estos contratos se denominarán Asociaciones Público-Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”.
Un mecanismo que, a primera vista, permitía celebrar contrataciones a “dedo” entre entidades bajo estas características y el Estado. Y así fue.
Es más, justamente el alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó por agregar un nuevo caso para contratar deliberadamente y sin especificar a quiénes aplicaba la regla. Es decir, directamente con la naturaleza de las Asociaciones ya mencionadas anteriormente y de las cuales ahora se conoce si se celebraron contrataciones.
“Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó la Corte.
¿Y LA PROCURADURÍA?
Hace ya casi un año, el 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte Constitucional y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad.
Señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
Por otro lado, el Ministerio Público agregó que la contratación directa con Asociaciones Público-Populares, como estaba contemplada en los artículos del PND, estaba debidamente regulada: “las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”.
Aunque las comunidades indígenas y las juntas de acción comunal desempeñan un rol legítimo en la sociedad colombiana, y su fortalecimiento puede responder a una política pública necesaria, las críticas se centran en la manera en que se ejecutaron estos contratos.
Eso, sumado a que persisten los cuestionamientos por el bajo nivel de avance de varios proyectos de este Gobierno, entre ellos los relacionados con “Caminos Comunitarios de la Paz Total”.
Sobre esto, se pronunció el excandidato presidencial David Luna en un mensaje que escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter). Aseguró que “la discusión no es contra las comunidades. Nadie puede estar en contra de que las regiones participen, de que las juntas comunales ayuden o de que los territorios tengan voz. El problema empieza cuando el Gobierno convierte eso en excusa para repartir recursos sin ningún tipo de control”.
Por otro lado, Camilo Enciso, abogado y fundador del Instituto Anticorrupción y Red Latinoamericana de Cumplimiento, determinó que el problema no está directamente con el “quién”, sino con el “cómo”.
Para el experto, “cuando estas organizaciones son utilizadas como vehículo para ejecutar grandes contratos sin los estándares de transparencia, competencia y control, existe el riesgo de que se conviertan en intermediarios para canalizar recursos públicos sin controles efectivos, que terminan en manos de actores corruptos”.
Asimismo, dijo que si bien el Gobierno asegura que busca acelerar la inversión en esos territorios y fortalecer lo que denomina economía popular, al momento en que lo hacen “sin salvaguardas robustas, este tipo de esquemas puede derivar en redes clientelistas o en formas indirectas de tercerización de la contratación estatal”.
En su criterio, el empoderamiento de estas comunidades “no puede significar debilitar los controles del Estado, especialmente en época electoral”.
Además, advirtió sobre los riesgos asociados al manejo de recursos públicos por fuera de los mecanismos tradicionales de contratación, al calificar la situación como “alarmante” por dos razones principales.
“Primero, por su magnitud: 31 billones de pesos representan un volumen de recursos públicos comparable al presupuesto anual de sectores completos del Estado. No es una cifra marginal, es estructural”, señaló. Y agregó que existe opacidad en la forma en que se estarían gestionando estos recursos, al indicar que “no están pasando por los mecanismos ordinarios de contratación pública —como SECOP II y los procesos competitivos—, sino a través de esquemas excepcionales”.
Todo esto sucede, además, en medio de un año electoral convulso, en el que denuncias de compra de votos ya han alertado a las autoridades. Y si bien las contrataciones a estas asociaciones no determinan una ilegalidad directa, el experto aseguró que “cuando se incrementa de manera significativa la asignación de recursos públicos a actores territoriales con capacidad de movilización social, se genera un riesgo claro de instrumentalización política de esos recursos”.
A inicios de diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República ya había alertado sobre unos hallazgos preocupantes: el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” tendría irregularidades por más de mil millones de pesos.
De los 33.000 kilómetros de vías rurales que se planearon intervenir, solo se han ejecutado hasta el momento en que se publicó la información unos 117,2 kilómetros, un 0,36% de la meta propuesta.
La revisión, que adelantó la entidad de control, analizó la ejecución de 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y las Juntas de Acción Comunal (JAC) en siete departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Luego de la auditoría, encontraron 48 hallazgos con connotación fiscal.
Justamente, el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional que busca, supuestamente, que las propias comunidades identifiquen sus necesidades en materia de vías terciarias y asuman la ejecución de esas obras en sus territorios.