Fiscalía definirá si reactiva órdenes de captura contra alias ‘Calarcá’ de las disidencias
La Fiscalía General de la Nación examinará en los próximos días si reactiva las órdenes de captura contra el cabecilla del Estado Mayor de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, tras las acciones violentas atribuidas a las estructuras criminales bajo el mando de este jefe guerrillero.
Está metodología de seguimiento fue ordenada tras una reunión sostenida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza.
“Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, indicó en un comunicado la Fiscalía.
La revisión del cumplimiento de este beneficio jurídico se llevará a cabo periódicamente de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia.
“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”, agregó la Fiscalía.
En su oportunidad la fiscal general Luz Adriana Camargo, enfatizó que de comprobarse que durante las conversaciones se incurrió endelitos de lesa humanidad o infracciones graves se ordenará reactivar de manera directa las órdenes de captura que pesan en contra de alias Calarcá.
“En una instancia en que nosotros verifiquemos a partir de la información que hay, que durante las conversaciones ha cometido efectivamente delitos de lesa humanidad o infracciones graves al derecho internacional humanitario”, explicó la fiscal general.
A ello se suman los hechos registrados en febrero pasado en el departamento del Guaviare relacionados con la masacre de 26 personas, lo que motivo nuevas solicitudes a la Oficina del Comisionado de paz sobre el beneficio de suspensión de las medidas judiciales.