Los violentos se afincan en territorios
Acorralada. Así se encuentra la ciudadanía en muchas zonas urbanas y rurales del país. La delincuencia común y organizada no da tregua, al punto que los índices de victimización son cada vez más altos y evidencian una involución a situaciones críticas de una o dos décadas atrás. Esto explica por qué uno de los principales temas diferenciales en la campaña presidencial debe ser, precisamente, las propuestas de cada candidato para enfrentar esta grave coyuntura.
Aunque desde altas esferas gubernamentales se insiste en que hay una mejoría en seguridad y orden público, acudiendo para ello a teorías forzadas y una acomodaticia interpretación de las cifras, lo cierto es que, tal y como lo reiteran gobernadores y alcaldes, entes de control, centros de estudios de conflicto y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, la violencia se extiende en muchas zonas a nivel urbano y semiurbano, con picos de delitos de alto impacto.
Las propias estadísticas oficiales confirman esta tendencia. Incluso, en el último reporte del Ministerio de Defensa hay varios campanazos al respecto. Por ejemplo, en el primer bimestre de este año se registraron 2.231 homicidios intencionales, dato que no solo es superior en 5 % al de igual periodo de 2024, sino que -en lo que resulta más alarmante y sintomático- es la cifra de asesinatos más alta de la última década para el lapso.
De igual manera, entre enero y febrero crecieron un 13 % las masacres, tanto en casos (17) como en número de víctimas (54). Igual ocurre con los secuestros, ya que se reportaron 56 plagios, la segunda cifra más alta en los últimos diez años para este periodo de tiempo.
Otro flanco que preocupa es el referente a la violencia intrafamiliar, que en el arranque de este 2026 volvió a crecer, incluso llegando a la incidencia más alta durante lo corrido de este gobierno. Lo más complicado es que los casos aberrantes de las últimas semanas evidencian que estamos frente a un flagelo que no para de crecer.
De otro lado, no deja de llamar la atención que mientras el Gobierno sostiene a los cuatro vientos que en Nariño y Putumayo está llevando a cabo una operación sin precedentes de erradicación voluntaria de narcocultivos, con una meta de 30 mil hectáreas -de lo cual hasta el momento no hay comprobación alguna por parte de terceros-, en cuanto a la destrucción forzada de cocales se reportó la ínfima cifra de 661 hectáreas en el bimestre. Todo esto mientras que algunos cálculos extraoficiales ya prevén más de 300 mil hectáreas de sembradíos ilícitos hoy en el país, confirmando el auge del narcotráfico en un volumen inédito. Paradójicamente, la incautación de cocaína, que venía siendo la principal bandera antidroga del Ejecutivo, cayó en 20 % en el primer bimestre. También se retrocedió en heroína y marihuana decomisadas, destrucción de narcolaboratorios y en otros flancos de esta cruzada contra el principal factor criminal del país.
En un hecho que debe llamar a la reflexión, el informe de la cartera castrense indica que entre enero y febrero no hubo desmovilizaciones ni sometimientos de guerrilleros como tampoco rescate de menores de edad enrolados en estos grupos armados ilegales.
Aun así, hay que destacar en ese reporte bimestral las conductas ilícitas que disminuyen, como es el caso de la trata de personas y delitos sexuales. En cuanto a los hurtos se redujeron en porcentaje significativo los de vehículos, comercios y entidades financieras, pero no tanto los de residencias y atracos a personas. También cayeron los episodios de piratería terrestre, abigeato, usurpación de tierras, delitos informáticos y terrorismo, entre otros.
Buena noticia resulta el hecho de que disminuyó en el primer bimestre el número de militares y policías asesinados en cumplimiento del deber, aunque lamentablemente esa cifra mortal se disparará en este marzo luego del siniestro del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo, que cobró la vida de casi setenta uniformados.
Como se ve, pese a algunos avances y sin desconocer la permanente y valiente labor de la Fuerza Pública, como quedó evidenciado en la protección a las elecciones parlamentarias, la violencia e inseguridad no dan tregua. Es claro que las políticas del gobierno actual han dado resultados muy deficientes. Una drástica realidad que sufren a diario muchos compatriotas y que no se puede esconder detrás de los fantasiosos discursos oficialistas que tratan, infructuosamente, de vender la imagen de un país con un clima pacífico, salvo casos aislados de alteración del orden público y picos delictivos esporádicos. Una percepción ficticia, sin duda alguna.