La Contraloría General de la República no tiene claro aún por qué el Gobierno necesita 8,68 billones de pesos con la emergencia económica.
Por esa razón, le pedirá al Gobierno los soportes que demuestren la necesidad de estos recursos para atender los estragos de la ola invernal que afectó a varias regiones del país a comienzos de año.
Así lo manifestó la entidad, luego de hacer una revisión a fondo de los 18 decretos expedidos por el Gobierno al amparo de la emergencia económica decretada en enero pasado.
Los decretos incluyen, entre otras cosas, la imposición del IVA del 16% a los juegos de azar en línea y el impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios mayores a 10 mil millones de pesos.
Este último empezará a recaudarse precisamente a partir de la próxima semana.
La Contraloría también recordó que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el correcto de los recursos y su destinación exclusiva a atender las causas que provocaron la emergencia.
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) será la entidad que tendrá que responder por la destinación de los recursos, dentro de los Planes de Acción Específica que deberán diseñarse conjuntamente con ministerios, gobernaciones y alcaldías.
«Entiende la CGR que el Gobierno Nacional aportará a los ocho (8) Departamentos y Municipios en emergencia, los recursos que estos requieran y que hayan incluido, con su debida justificación, en sus PAE y considerando lo efectivamente certificado en el Registro Único de Damnificados (RUD)», dijo la entidad.
También advirtió que en la reorientación de recursos previstas por los decretos deberá tenerse en cuenta que no se produzcan impactos en la ejecución de los programas para los que originalmente estaban previstos.
Así mismo, debe fortalecerse la capacidad de gestión de las entidades que deberán ejecutar los recursos, para que estos no se queden guardados.
- COLPRENSA