Contraloría advierte riesgos en decreto que reglamenta traslados a Colpensiones
La Contraloría General de la República hizo varias observaciones al decreto que busca el traslado de los recursos de los afiliados que pasen de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.
La entidad revisó el borrador del decreto anunciado por el Ministerio de Trabajo y encontró varios riesgos que podrían afectar el manejo de los recursos.
«Se evidencia la posibilidad de que el traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implique que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas», dijo la entidad.
Según la Contraloría, a febrero de este año, se habían trasladado de los fondos privados a Colpensiones 119.496 personas, que habían hecho unos ahorros para pensionarse de aproximadamente $24,7 billones.
De ellas, solo 18.507 personas ya habían accedido al derecho a pensionarse y sus ahorros ascienden a $5,1 billones.
Pero, la mayoría de quienes se trasladan, 100.989, aún no han cumplido todos los requisitos para pensionarse. Los ahorros de estas personas son $686.642 millones anuales.
La reforma pensional, Ley 2381 de 2024, estableció que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe continuar siendo administrado por los fondos, hasta que se consolide el derecho pensional.
Por esta razón, dice la Contraloría, no habría sustento jurídico para trasladar los recursos de las personas que aún no han cumplido los requisitos para pensionarse.
Y, respecto de las personas que ya cumplieron ese derecho, la Ley estableció que los recursos deben seguir en las AFP, mientras no haya entrado en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
La Contraloría señaló que al no existir el fondo, no existe aún un mecanismo institucional para recibir los recursos que deben ser trasladados, de modo que, si los recursos se trasladan a Colpensiones, como lo pretende el borrador de decreto, estos recursos correrían el riesgo de ser utilizados para fines para los que no lo estableció la ley.
«La Contraloría General advierte que este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo, trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras. Es decir, la obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla», dijo la entidad.
- COLPRENSA