La propiedad privada no es negociable
La verdadera amenaza para una empresa no es un mal trimestre comercial, sino la demolición de las reglas que le permiten existir. Muchos empresarios en Colombia están tranquilos creyendo que, al guardar silencio sobre la estabilidad de nuestras instituciones en vísperas de estas elecciones presidenciales, están protegiendo su capital, las empresas y a sus colaboradores. Algunos, piensan que el mutismo es prudencia, cuando en realidad es una apuesta ingenua.
En el mundo de los negocios, el liderazgo que se retrae es reemplazado de inmediato. Mientras un directivo calla para evitar polarizar, las narrativas de quienes pretenden desmantelar el modelo de propiedad privada ya están dentro de su propia organización. El silencio no es neutralidad, es ingenuidad. Es una manera de transferir espacios en el momento más crítico de nuestra historia reciente, al no fomentar las conversaciones necesarias.
Existe la idea errónea de que el empresario debe ser un espectador mudo para evitar conflictos legales. Si bien la ley prohíbe presionar el voto, la frontera ética que nadie debe cruzar, ni siquiera el Gobierno Nacional, en buena hora denunciado por la Defensora del Pueblo, el contrato de trabajo no es mordaza para la pedagogía.
Ante la propuesta de una Asamblea Constituyente que pretende refundar el Estado, explicar los beneficios de la libertad económica y defender el derecho a la propiedad no es hacer política partidista, ni más faltaba. Es ejercer una responsabilidad civil elemental. El colaborador no deja su juicio crítico en la recepción de la empresa; entra a la oficina cargado de mensajes de redes sociales y de agendas externas que, a menudo, ignoran la sostenibilidad del capital y del país. Si el líder no propone una narrativa institucional, el vacío lo llenan activismos que ven en la empresa un enemigo y no el motor de progreso que es.
Imaginemos, para mayor claridad, la figura del árbitro de fútbol. Un árbitro profesional no tiene interés en cual equipo marca el gol. No celebra triunfos, ni lamenta derrotas. Su misión no es ganar el partido, es garantizar la integridad del reglamento. Si el árbitro permite, por ejemplo, que se ignoren las líneas del campo, que se anule el fuera de lugar por capricho o que se agreda al rival sin sanción, el juego deja de existir.
Hoy, ante el riesgo de la Asamblea Constituyente que pone en duda nuestro tablero de juego, el empresario debe actuar con la lógica del árbitro. Nuestra Constitución es el reglamento de convivencia y el muro de contención contra la arbitrariedad. Las garantías que protegen lo que hemos construido con esfuerzo y la iniciativa particular, son líneas que delimitan el campo. No existe modelo de negocio que sobreviva a un reglamento roto. Defender la integridad del árbitro, es decir, a las instituciones, la independencia de poderes y la propiedad privada, es la única forma de asegurar que el partido de la libre empresa pueda continuar.
Es vital comprender que existe una distancia ética y legal inmensa entre decir por quién votar y explicar por qué debemos defender el marco jurídico que nos permite trabajar. Lo primero es el proselitismo y es ajeno a la empresa. Lo segundo es la pedagogía y es un deber del liderazgo. El miedo a ser señalado como político partidista es la trampa que utilizan quienes quieren al sector productivo apático y silenciado.
No se dejen confundir; defender el derecho a la propiedad no es un ataque contra un candidato, es una defensa del patrimonio de ustedes y de todos. Si un proyecto político cruza las reglas fundamentales del país, el empresario no está haciendo política al señalar el modelo; está simplemente recordando el manual de convivencia que nos rige a todos.
Nuestra norma fundamental nos ordena a todos los ciudadanos trabajar por el bien de la comunidad nacional; para un empresario, eso significa dejar de ser un gerente de crisis para convertirse en un guardián de la certidumbre. Este es un llamado a la coherencia. Hoy no hay espacio a la ausencia institucional, social y económica, mientras se decide el futuro de la iniciativa privada en Colombia.
*Exdirectora del ICBF