Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a los patrulleros de la Sijin de la Policía Metropolitana de Santa Marta Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, como posibles responsables de la aprehensión irregular de una mercancía importada y la posterior exigencia de dinero para devolverla.
Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios habrían aprovechado ilícitamente sus cargos para inmovilizar un tractocamión que salió de la zona portuaria rumbo a Medellín (Antioquia) con 15 motores importados. El vehículo fue interceptado el 24 de enero en inmediaciones de Bosconia, Cesar, y trasladado a un parqueadero.
Al día siguiente, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio en el que ordenó poner a disposición de su despacho el automotor y la carga por supuestamente tratarse de un tema de narcotráfico y contrabando. Desde ese momento, el propietario de la mercancía se reunió con los hoy procesados, quienes presuntamente le pidieron 300 millones para retornar los motores. Posteriormente, la exigencia bajó a 100 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que el fiscal asumió un caso que no era de su competencia y, para dar apariencia de legalidad a su actuar, incluyó todas las actuaciones a un proceso abierto por otros hechos distintos.
En ese sentido, una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados el delito de concusión. Adicionalmente, al funcionario judicial le fue formulado el cargo de prevaricato por omisión agravado.