La Procuraduría General de la Nación alertó que la falta de impulso en algunos procesos de restablecimiento de derechos estaría provocando que niños, niñas y adolescentes permanezcan durante años por fuera de su entorno familiar en hogares de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una situación detectada durante visitas de verificación realizadas en Medellín tras quejas e informes sobre la prolongada permanencia de menores en estas modalidades de atención.
Según el ente de control, durante las verificaciones se identificaron casos de niños, niñas y adolescentes que llevaban más de dos y hasta cuatro años bajo medidas de protección, sin que se resolviera su situación jurídica ni se concretara su derecho a vivir en familia, bien sea mediante el retorno a su entorno familiar o a través de procesos de adopción.
La Procuraduría señaló que estos retrasos estarían relacionados con la falta de impulso oportuno en los procedimientos administrativos que deben adelantar las autoridades competentes dentro de los procesos de restablecimiento de derechos, lo que termina prolongando la permanencia de los menores en hogares institucionales.
Ante este panorama, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer anunció que, junto con procuradores de familia en todo el país, iniciará una verificación nacional de los procesos de restablecimiento de derechos para revisar el avance de cada caso y evitar dilaciones que afecten a los menores.
El Ministerio Público explicó que esta intervención buscará participar activamente en los trámites para garantizar que las decisiones se adopten dentro de los tiempos previstos y que se proteja el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia.
LAS CIFRAS
El ICBF atiende aproximadamente 1,7 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país a través de diferentes programas de protección, nutrición y atención a la primera infancia.
Actualmente existen 21.197 procesos activos de restablecimiento de derechos para proteger a menores víctimas de diferentes vulneraciones, lo que implica seguimiento institucional y, en algunos casos, ingreso a hogares sustitutos o centros de protección.
Entre enero y septiembre de 2025 el ICBF abrió 15.853 procesos de restablecimiento de derechos para proteger a menores víctimas de violencia sexual. El 85 % de las víctimas son niñas. Del total de casos por violencia sexual registrados en 2025, 4.418 corresponden a niños entre 6 y 12 años y 1.549 a menores entre 0 y 6 años.
Los procesos de protección abiertos por el ICBF se concentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, territorios que registran el mayor número de denuncias y activaciones de rutas institucionales.
Para 2025, la violencia sexual se consolidó como una de las principales causas de apertura de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, con miles de niños y niñas afectados en todo el país.
POR QUÉ LOS NIÑOS LLEGAN AL ICBF
Miles de niños, niñas y adolescentes ingresan cada año al sistema de protección del ICBF luego de que las autoridades detectan vulneraciones graves a sus derechos que obligan a separarlos temporal o definitivamente de su entorno familiar mientras se define su situación jurídica.
Una de las causas más frecuentes de ingreso al sistema de protección es la violencia intrafamiliar, que incluye agresiones físicas, psicológicas o emocionales por parte de cuidadores o familiares cercanos. En estos casos, los defensores de familia ordenan medidas de protección mientras se investiga la situación y se determina si el menor puede regresar a su hogar.
La violencia sexual es otra de las principales razones que activa procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Cuando se detecta un caso, el menor es retirado de su entorno inmediato para garantizar su seguridad y se inicia un acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Muchos menores ingresan al sistema por situaciones de abandono, descuido o negligencia grave, cuando los padres o cuidadores no garantizan condiciones mínimas de alimentación, salud, educación o protección.
El ingreso también puede ocurrir cuando los menores se encuentran expuestos a entornos familiares con consumo problemático de drogas, explotación, criminalidad o presencia de violencia constante que pone en riesgo su integridad.
En algunas regiones del país, niños y adolescentes llegan al sistema de protección tras ser víctimas o estar en riesgo de reclutamiento por grupos armados ilegales, lo que obliga a activar medidas urgentes de protección.
El sistema también atiende a menores que viven en situación de calle, que se encuentran sin acompañamiento adulto o que llegan al país en contextos migratorios sin garantías de cuidado.
Cuando se presentan estas situaciones, los defensores de familia del ICBF abren un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, una ruta institucional que puede derivar en diferentes medidas de protección como hogares sustitutos, instituciones especializadas o, en algunos casos, procesos de adopción si no es posible el retorno al entorno familiar.
/Colprensa.