JEP envía a juicio a general (R) Gallego por caso Jineth Bedoya y la modelo
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz remitió el proceso del general de la Policía retirado José Leonardo Gallego a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), tras valorar el material probatorio de la justicia ordinaria y evidenciar la rotunda negativa del compareciente a aceptar su participación en los crímenes de violencia sexual cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima en el 2000 y en las masacres paramilitares ocurridas al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá.
La decisión se adoptó de manera conjunta por las subsalas encargadas de investigar las violencias de género y los crímenes de la fuerza pública en alianza con paramilitares. El tribunal transicional explicó que este caso será tramitado mediante un proceso adversarial, donde el oficial se expone a una sanción de hasta 20 años de prisión de ser vencido en juicio.
La resolución se fundamentó en las investigaciones de la Fiscalía, que lo vinculó mediante indagatoria el 5 de septiembre de 2025 por secuestro extorsivo, tortura y acceso carnal violento. Pese a estas pruebas, el compareciente negó cualquier responsabilidad durante sus versiones voluntarias de febrero y marzo de 2026.
Los expedientes revelaron que, para la época de los hechos, Gallego se desempeñaba como director de la Dirección Central de Policía Judicial. Testigos del proceso señalaron que el entonces coronel favoreció activamente la toma paramilitar de la cárcel La Modelo, reuniéndose de forma irregular en el pabellón de alta seguridad con los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha para coordinar acciones delictivas.
Diversos declarantes afirmaron que el oficial se vinculó a una red de tráfico de armas que facilitó la ocurrencia de la masacre del 27 de abril de 2000 e indicaron que este apoyo estatal era retribuido con pagos económicos.
Todo este entramado criminal fue investigado exhaustivamente por la periodista Jineth Bedoya, lo que motivó un plan de silenciamiento ideado por las mafias paramilitares y, presuntamente, por el propio oficial, quien habría ordenado seguimientos en su contra.
La comunicadora fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 en la puerta del penal, un lugar que contaba con tres estrictos anillos de seguridad, para luego ser víctima de brutales torturas y violencia sexual.
Sobre estos aberrantes hechos, la JEP respaldó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que crímenes de esta magnitud «no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia».
La magistratura concluyó que el proceso adversarial representa el mecanismo judicial adecuado para dirimir la responsabilidad penal de Gallego, garantizando a las víctimas un recurso judicial con pleno respeto por el debido proceso y bajo los estándares internacionales.
- COLPRENSA