Diario del Cesar
Defiende la región

Salud, entre improvisación y bandazos

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Tal y como había sido advertido, la justicia suspendió el controvertido decreto mediante el cual el gobierno Petro ordenó una drástica reasignación de millones de afiliados de las EPS y que, en la práctica, concentraba la mayoría en Nueva EPS, la aseguradora pública más grande del país que, pese a estar intervenida por la superintendencia de Salud, no solo atraviesa una grave crisis financiera, sino que acumula una gran cantidad de quejas, demandas y acciones de tutela por el deficiente servicio que presta a sus más de diez millones de usuarios que soportan graves problemas para acceder a citas médicas, continuar sus tratamientos y recibir los medicamentos más básicos.

Desde el mismo momento en que el Ministerio de Salud anunció esta reorganización territorial del ámbito de operación de las EPS, no pocos voceros de los distintos actores del sistema alertaron que la norma era claramente ilegal y disfuncional. Lo primero, debido a que esa redistribución de usuarios ya había sido intentada en un decreto anterior que fue suspendido por el Consejo de Estado porque invadía facultades del Congreso, al ser una reforma estructural al modelo de aseguramiento médico. También se advirtió que la aplicación del decreto constituía una estatización abrupta del sistema de salud, propuesta contenida en los dos proyectos de reforma que se han hundido en el Parlamento por anacrónicos e inviables.

Y, por otra parte, muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, así como las asociaciones de pacientes, personal de salud y ciudadanía en general, señalaron que no tenía lógica alguna trasladar a los usuarios de muchas EPS en alrededor de 140 municipios a la Nueva EPS, cuando es innegable que dicha entidad atraviesa una crisis funcional múltiple y no tiene la infraestructura, personal, recursos ni logística para recibir más afiliados.

En ese orden de ideas, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en torno a suspender el decreto, alertando el riesgo vital que aplicarlo implicaría para millones de colombianos expuestos a este traslado masivo, es más que acertada. No se puede permitir que el Gobierno, que llevó a la crisis total el sistema de salud, siga improvisando con la vida de la población, saltándose, además, las facultades del Congreso y las decisiones judiciales.

Ahora bien. No olvidemos que todo alrededor de la Nueva EPS ha sido desafortunado, desordenado, todo improvisado, mejor dicho, todo ha sido en ´ado´. Desde las desafortunadas, indolentes, equivocadas y claramente huidizas declaraciones tanto del presidente Gustavo Petro como del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en torno a las causas de la muerte de un menor que padecía hemofilia, pero al que, según su familia, la Nueva EPS, que es la aseguradora más grande del país y está intervenida por la Superintendencia de Salud, no le suministró a tiempo el medicamento para atender su patología.

Otros sectores políticos, económicos, sociales e institucionales también recriminaron a Petro y Jaramillo, especialmente porque han sido las decisiones de este gobierno las que provocaron un deterioro crítico del sistema de salud, al punto que hoy no solo está al borde de la quiebra financiera, sino que la vida de millones y millones de colombianos está en peligro porque no acceden a una atención médica oportuna y de calidad.

De forma lamentable e insólita el Ejecutivo presta oídos sordos a esa dramática situación. Con algunas estadísticas parciales y acomodaticias señala increíblemente que el sistema de salud está mejorando, pese a que los usuarios sufren a diario una realidad distinta y las denuncias y quejas de multiplican por decenas de miles. Tampoco hace caso a las alertas de las asociaciones médicas sobre las muertes crecientes y los padecimientos críticos de miles y miles de pacientes cuya calidad de vida se ha deteriorado gravemente.

Incluso, se atreve a controvertir los informes de los entes de control, la prensa y los organismos internacionales que, evidencias en mano, ponen sobre la mesa que un esquema de aseguramiento y atención que años atrás era considerado -con errores y todo- entre los mejores del mundo, hoy está al borde del colapso.