Expansión de las Autodefensas Conquistadoras genera riesgo en Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026 ante el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander, debido a la expansión territorial de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Según la entidad, el escenario de riesgo está relacionado con la incursión de esta estructura armada desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, con el objetivo de controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo.
La Defensoría advirtió que este grupo ha pasado de una presencia discreta a ejercer control territorial en la zona, situación que se habría visto favorecida por el repliegue del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), así como por condiciones de vulnerabilidad institucional en el territorio.
De acuerdo con el informe, durante 2025 el municipio de La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta de los últimos cinco años. Estos hechos, señala la entidad, han sido utilizados como mecanismos de intimidación y control social.
Asimismo, se han documentado retenes ilegales e intercepciones al transporte público. Uno de estos casos ocurrió el pasado 19 de enero, cuando hombres armados intimidaron a pasajeros y marcaron vehículos con insignias del grupo armado.
La Defensoría también alertó sobre el riesgo de confrontaciones armadas en la zona alta de La Esperanza debido a la presencia y capacidad de proyección del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las extintas Farc, particularmente del Frente 33, provenientes del Catatumbo. Este escenario podría derivar en desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades rurales.
El informe advierte además que grupos armados no estatales estarían ejerciendo control sobre la población civil mediante la imposición de toques de queda de facto, regulación de comportamientos sociales y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos.
También se reporta la ocupación indebida de escuelas rurales, lo que expone a estudiantes y docentes, así como presiones para imponer cultivos de coca en territorios donde comunidades han promovido economías lícitas como el café.
La Defensoría indicó que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes estarían siendo blanco de reclutamiento forzado o captación mediante ofrecimientos económicos o presiones.
Igualmente, líderes sociales, defensores de derechos humanos y servidores públicos han denunciado amenazas de muerte por oponerse a economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, por lo que algunos han solicitado medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección.
Ante este panorama, la Defensoría formuló 16 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades departamentales y locales.
El organismo reiteró el llamado a implementar acciones inmediatas de prevención, protección y atención integral para salvaguardar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades en los territorios afectados.