Una democracia fortalecida

En medio del ruido político que inevitablemente rodea cada jornada electoral en Colombia, el país tiene hoy una certeza que conviene subrayar con claridad y responsabilidad: las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo fueron transparentes y el proceso de escrutinio avanza con normalidad institucional. Así lo han ratificado autoridades electorales, organismos de control, misiones de observación internacionales y los propios mecanismos de verificación que hacen parte del sistema electoral colombiano. A pesar de ello, desde la Presidencia de la República se ha instalado una narrativa de fraude que, hasta el momento, no encuentra respaldo en evidencia alguna.

La advertencia no es menor. En democracia, las palabras del jefe de Estado tienen peso institucional, impacto político y repercusiones sociales profundas. Cuando esas palabras ponen en duda la legitimidad de un proceso electoral sin pruebas verificables, lo que se pone en riesgo no es únicamente una elección: es la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Por eso, en momentos como este, el país necesita serenidad, responsabilidad política y respeto por las instituciones que garantizan la voluntad popular.

Uno de los elementos más relevantes del proceso electoral colombiano es la presencia de observadores internacionales independientes. Estas misiones no responden a partidos ni a gobiernos nacionales; su labor es examinar los procedimientos, evaluar garantías y advertir irregularidades cuando existan. En esta ocasión, la misión de observación de la Unión Europea ha sido clara y contundente. El jefe de la delegación, Esteban González Pons, afirmó que hasta ahora no existe evidencia alguna de fraude electoral en las elecciones legislativas. La declaración no deja espacio para interpretaciones ambiguas.

“A día de hoy ni la misión del Parlamento ni de la Unión Europea hemos encontrado indicios de fraude”, señaló el delegado europeo.

Más aún, dejó claro que la misión está preparada para denunciar cualquier irregularidad si llegara a presentarse. Es decir, no se trata de un aval automático ni de una defensa política de las instituciones colombianas; se trata del resultado de una observación técnica, independiente y rigurosa.

En otras palabras, si hubiera fraude, lo dirían. Y no lo están diciendo.

Uno de los argumentos utilizados para sembrar dudas sobre las elecciones ha sido el funcionamiento del software electoral. Sin embargo, la explicación técnica entregada por los observadores internacionales desmonta buena parte de esa narrativa.

El sistema colombiano no es automatizado en su núcleo. El conteo de votos es manual, realizado en cada mesa de votación y verificado mediante actas físicas que son firmadas por jurados, testigos electorales y delegados de distintos partidos políticos.

El software al que se hace referencia no determina los resultados por sí mismo. Su función es simplemente consolidar los datos que ya han sido registrados manualmente en las actas. En palabras del propio jefe de la misión europea, ese sistema actúa como una calculadora, cuyo funcionamiento ocurre además bajo la vigilancia de jueces, notarios y representantes de múltiples fuerzas políticas.

Es decir, no hay un algoritmo oculto que decida la voluntad popular. Hay un proceso manual, verificable y sujeto a múltiples controles.

Ahora bien. En cualquier democracia seria, el proceso electoral no termina con el cierre de las urnas. Después viene una etapa fundamental: el escrutinio. Este procedimiento consiste en revisar, cotejar y confirmar los resultados consignados en las actas de cada mesa. En Colombia, ese proceso es público, supervisado por autoridades judiciales y acompañado por representantes de los partidos. Por lo tanto, que existan ajustes, revisiones o modificaciones en algunos resultados no significa fraude, sino precisamente lo contrario: significa que el sistema está funcionando como debe.

El escrutinio es una garantía, no una amenaza.

De hecho, en múltiples elecciones a lo largo de la historia del país se han producido variaciones entre el preconteo y los resultados finales, sin que ello implique manipulación electoral. Confundir esos procedimientos técnicos con fraude solo contribuye a generar desinformación y desconfianza.

En un país con una historia política compleja como Colombia, la estabilidad institucional depende en gran medida de la conducta de quienes ejercen el poder.

Las críticas al sistema electoral son legítimas. La vigilancia ciudadana es saludable. Y las denuncias, cuando existen pruebas, deben investigarse con rigor. Pero es muy distinto formular denuncias sustentadas que promover sospechas sin evidencia. Las democracias se debilitan cuando la ciudadanía deja de creer en las elecciones.

Por eso, el liderazgo político exige prudencia. Exige respeto por las instituciones. Y exige, sobre todo, compromiso con la verdad.