Dejaron la crisis al ´garete´
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la ´borrachera´ que les produjo el triunfo electoral del pasado domingo han dejado al garete la crisis política, comercial y diplomática con Ecuador, mientras Quito toma decisiones cada vez más radicales. Vemos a un gobierno colombiano embriagado por contar curules en el Congreso y sigue sin activar medidas eficientes para solucionar el desencuentro que ya genera cuantiosas y graves afectaciones económicas y sociales a lado y lado de la frontera.
De hecho, lo advertido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en torno a que su país priorizará la importación de productos chinos, indios y otras naciones asiáticas, es un paso más en la escalada de la tensión binacional. Esto último porque el mandatario señaló que esa decisión obedecía a que muchas de estas mercancías llegan a Colombia, en donde se reenvasan y reempaquetan para luego enviarlas a la nación vecina sin pagar arancel.
No es una acusación menor. Por el contrario, acudiendo a los canales diplomáticos del caso e incluso a las instancias respectivas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la administración Petro debería pronunciarse al respecto.
Si bien es cierto que la Cancillería y las carteras de Comercio Exterior y Defensa han buscado puentes de comunicación con el gobierno Noboa, hasta ahora no han desactivado la crisis que comenzó a finales de enero. De allí que los gremios empresariales de nuestro país continúen urgiendo al Ejecutivo ser más proactivo en concretar una solución binacional satisfactoria y equilibrada.
La situación se torna más preocupante en la medida en que las autoridades ecuatorianas parecen no creer en los planes anunciados por Colombia para fortalecer el combate al narcotráfico y los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.
Como se sabe, el Palacio de Carondelet insiste en que la sobretasa arancelaria del 30 % que impuso inicialmente a muchos productos colombianos, que luego subió a 50 % en medio del pulso de medidas de reciprocidad adoptadas por la Casa de Nariño a las mercancías ecuatorianas, más que un impuesto son una especie de “tasa de seguridad” para compensar los millonarios recursos que el gobierno Noboa estaría invirtiendo en el combate a las mafias en la frontera con Colombia sin que -según Quito- se vea una eficiencia similar de la administración Petro.
En el entretanto, Noboa no solo reforzó su alianza antidroga y antiterrorista con Estados Unidos, sino que ya el pasado viernes desarrollaron un operativo conjunto contra un campamento de los ‘Comandos de la Frontera’, una facción subversiva de origen colombiano que opera en la provincia de Sucumbíos, cerca del área limítrofe.
A esto se suma que el fin de semana el presidente Trump se reunió con mandatarios y autoridades de diecisiete gobiernos latinoamericanos con los que acordó una alianza trasnacional para erradicar el narcotráfico. No fue invitado el gobierno Petro, que ayer se quejaba de su exclusión, más aún porque nuestro país tiene la mayor extensión de narcocultivos y es el principal exportador de cocaína. Es obvio, entonces, que más allá de la distensión por la cumbre presidencial de comienzos de febrero en la Casa Blanca, persisten fuertes diferencias entre la administración republicana y el saliente titular de la Casa de Nariño alrededor del asunto antidroga.
Es más, mientras Ecuador decidió expulsar ayer al embajador de Cuba en Quito, el mandato Petro sigue bajo la lupa de Washington en torno a si participó de una operación encubierta para romper el embargo petrolero al régimen castrista, que cada vez está más débil y acorralado.
Visto todo lo anterior, queda claro que el Gobierno colombiano debe implementar una estrategia política, comercial, diplomática y de seguridad más efectiva para desarmar la crisis con Ecuador. No es conveniente dejar que la tensión continúe profundizándose o que la ‘guerra arancelaria’ se normalice. De hecho, el propio Noboa defiende que la escalada de impuestos de importación, que también ha implicado cruce de medidas bilaterales, como la suspensión de ventas de energía o el encarecimiento de la tarifa de transporte de petróleo, le está beneficiando más a su país. Los balances de los doce sectores exportadores colombianos impactados son, por el contrario, de una afectación creciente.
Es imperativo, entonces, que la Casa de Nariño le ponga más atención prioritaria a este asunto. Pareciera que por estar imbuida en asuntos políticos y electorales internos el Ejecutivo no le da la importancia debida, como tampoco dimensiona el daño producido en la balanza comercial, el intercambio fronterizo diario, así como en el flujo de doble vía de productos, bienes y servicios, del cual dependen miles de empresas, negocios y empleos allá y aquí.