El nuevo Congreso: más dudas que esperanzas

Colombia vuelve a abrir un capítulo de su vida democrática con la elección de un nuevo Congreso de la República. Senadores y representantes han recibido el mandato popular en una jornada electoral que, más allá de las cifras y de los balances partidistas, deja sobre la mesa una pregunta profunda: ¿estará esta nueva corporación legislativa a la altura de las expectativas de un país que reclama cambios reales?

No se trata de una pregunta menor. En un país donde la política ha atravesado largos periodos de desconfianza ciudadana, el Congreso se encuentra hoy frente a una responsabilidad histórica. La ciudadanía votó, participó y habló en las urnas. Y cuando el pueblo habla, lo que sigue no puede ser indiferencia, cálculos burocráticos ni componendas de pasillo. El mensaje de los colombianos es claro: el Congreso debe trabajar. Hacerlo con disciplina, con transparencia y, sobre todo, con sentido de país.

Durante décadas, el Parlamento colombiano ha cargado con una pesada sombra. Escándalos de corrupción, congresistas investigados, redes clientelistas, favores políticos, contratos amañados y alianzas turbias han deteriorado la credibilidad de una institución que, en teoría, representa el corazón del debate democrático.

Muchos ciudadanos observan al Congreso con escepticismo. Para una parte importante del país, la imagen de los legisladores no está asociada a leyes que transforman vidas, sino a privilegios, ausentismo y disputas internas que poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de la gente.cvPor eso, la elección de un nuevo Congreso no puede interpretarse únicamente como un cambio de nombres o de partidos. Debe convertirse en un punto de inflexión.vColombia necesita un Congreso que legisle pensando en el país real.

El país de los campesinos que siguen esperando acceso a la tierra y apoyo para producir. El país de los jóvenes que reclaman oportunidades laborales. El país de los pequeños comerciantes que luchan día a día contra la informalidad, la inseguridad y la presión de economías ilegales. El país de las regiones olvidadas que siguen esperando inversión, infraestructura y presencia real del Estado. Ese país, que no aparece en las alfombras rojas de la política ni en las discusiones superficiales de redes sociales, fue el que votó. Y ese país espera resultados. Porque legislar no es un privilegio. Es una responsabilidad.

El Congreso no puede seguir funcionando como un escenario donde se negocian intereses particulares mientras los problemas estructurales del país continúan acumulándose sin solución. La pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la crisis del sistema de salud, el deterioro ambiental, el rezago educativo y la falta de oportunidades para millones de colombianos exigen debates serios y leyes eficaces.

La política no puede seguir siendo un negocio.

Debe volver a ser un servicio público. Eso implica que los nuevos congresistas comprendan algo fundamental: su curul no les pertenece a ellos. Pertenece al pueblo que los eligió.

Cada voto depositado en las urnas representa una confianza que no puede ser traicionada.

Porque cuando un congresista se involucra en actos de corrupción, no solo comete un delito. También rompe el vínculo de confianza entre la democracia y la ciudadanía.

Cuando un legislador utiliza su cargo para favorecer intereses personales, clanes políticos o estructuras ilegales, no solo viola la ley. También debilita las instituciones y profundiza el desencanto social. Y ese desencanto es peligroso.

Por eso, el nuevo Congreso tiene una misión que va más allá de aprobar proyectos de ley.

Debe recuperar la confianza de los ciudadanos.

Debe demostrar que la política puede ser honesta. Debe probar que el poder público puede ejercerse con dignidad. Desde las regiones, esta exigencia se siente con mayor intensidad.

En el Caribe colombiano, por ejemplo, la ciudadanía ha sido testigo durante décadas de promesas incumplidas y debates que pocas veces se traducen en soluciones concretas. Ciudades como Santa Marta conocen bien el peso de la espera: proyectos de infraestructura que se anuncian pero no se ejecutan, inversiones que se diluyen en trámites interminables, decisiones que se toman lejos de la realidad regional. Las regiones necesitan congresistas que no olviden de dónde vienen.

Legisladores que no desaparezcan después de las elecciones. Representantes que no conviertan sus oficinas en fortalezas inaccesibles mientras los problemas de la gente se acumulan.

La decisión está en manos de quienes hoy ocupan esas curules. Los colombianos ya cumplieron su parte. Votaron. Participaron.

Se expresaron. Ahora les corresponde a los congresistas demostrar que entienden la dimensión del mandato recibido. Que no llegaron allí para servirse del poder, sino para servir al país.