Riesgos jurídicos y alertas económicas cercan el decreto de vivienda en pesos
En medio de una expectativa del sector constructor y de miles de familias compradoras frente a la intención del Gobierno de desligar el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo para fijarlo en pesos, entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República instalaron mesas técnicas de urgencia para examinar los impactos legales de la medida gubernamental que busca frenar alzas sorpresivas, advirtiendo sobre peligrosos vacíos jurídicos en los contratos ya firmados que podrían generar inestabilidad financiera en más de la mitad del mercado inmobiliario del país.
El debate surgió tras la publicación de un borrador normativo con el que el Ministerio de Vivienda ordenó cobrar los proyectos en pesos para acabar con la incertidumbre de los compradores, exigiendo a las constructoras establecer desde la separación del inmueble un monto «claro y verificable» que será el único a pagar hasta la entrega de las llaves.
La entidad explicó que el objetivo central es frenar los aumentos automáticos que encarecen las deudas mientras se edifica, por lo que el decreto señaló que «en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática» ligados a los incrementos del salario mínimo mensual.
El presidente, Gustavo Petro, respaldó la iniciativa y defendió el nuevo modelo de cobro al asegurar que «indexar el precio de la vivienda por el salario vital es una aberración económica». El mandatario explicó que los costos reales de edificación dependen del valor de la tierra, de «los intereses para construir, hoy muy altos» y de las materias primas, por lo que concluyó tajantemente que el precio final de los inmuebles tiene «muy poco» que ver con la remuneración de los trabajadores.
Para proteger a los compradores, la cartera de Vivienda señaló en su documento técnico que no fijar la tarifa en moneda corriente desde el principio constituye una «práctica abusiva» y atacó directamente las tácticas de algunas empresas para ganar tiempo y dinero. El texto detalló que será ilegal cualquier «dilación injustificada» en la firma de las escrituras si el objetivo final es «trasladar al consumidor incrementos derivados del aumento del salario mínimo».
Aunque la regla general ordenó congelar los cobros, el Gobierno dejó una puerta abierta para realizar ajustes al precio solo cuando suban los insumos de construcción por motivos extraordinarios certificados por el DANE, y advirtió a los negocios ya consolidados que, al momento de la escrituración, el monto «no se puede indexar» ni subir nuevamente.
*Alarmas en los órganos de control*
A pesar del alivio proyectado para las familias, la magnitud de la propuesta oficial encendió las alarmas de los organismos de control ante el riesgo para un sector que vende «más de 100 mil viviendas de interés social» al año. La Contraloría General de la República examinó los efectos de la directriz sobre el mercado inmobiliario y señaló que existen «preocupaciones persistentes» frente a la viabilidad jurídica y financiera de las edificaciones en marcha.
La principal alerta del ente fiscalizador recayó sobre el vacío normativo existente para los contratos de compraventa que ya fueron pactados y «fijados en salarios mínimos», un escenario que genera inestabilidad económica porque «no se tiene una ruta clara por parte del Gobierno» para reglamentar la transición. Ante los riesgos identificados, el órgano de control concluyó que mantendrá un seguimiento periódico al desarrollo del decreto para proteger los recursos de la población colombiana.
Ante este panorama de incertidumbre, la Procuraduría General de la Nación intervino este lunes e instaló la primera mesa interinstitucional con los ministerios de Hacienda, Vivienda y Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, y gremios como Camacol y Asobancaria, con el fin de examinar anticipadamente los impactos sociales y contractuales de la propuesta.
Durante el encuentro, el Ministerio Público señaló la importancia de garantizar «la estabilidad contractual del sector» y la sostenibilidad financiera del sistema, por lo que acordó avanzar en mesas técnicas especializadas para evaluar alternativas regulatorias con sustento legal.
/Colprensa.