El rastro de los millones incautados que ensombrecen la recta final electoral
A escasas horas de la contienda electoral, las autoridades de seguridad y control electoral encendieron las alarmas tras el hallazgo de millonarias sumas de dinero en efectivo movilizadas por vía terrestre y fluvial en diversas regiones del país, un fenómeno que dejó al descubierto el andamiaje logístico de presuntas mafias dedicadas a la compra de votos.
La situación obligó a los entes de investigación a rastrear el destino final de estos recursos frente al vacío legal que permite el libre tránsito de capitales dentro del territorio nacional, dificultando la tipificación inmediata del delito de corrupción al sufragante ante excusas recurrentes como la compra de vehículos o transacciones comerciales de fachada.
El andamiaje del efectivo
Según pudo conocer Colprensa, en las últimas semanas, se registraron 14 casos de incautación de altas sumas de dinero por un total de 1.760 millones de pesos. Las autoridades reportaron 20 capturas durante estos procedimientos.
Sin embargo, el estatus judicial de los detenidos reflejó la complejidad del escenario: 15 quedaron en libertad, 4 aguardaban la definición de su medida y solo uno recibió medida de aseguramiento intramural.
La distribución geográfica del dinero incautado abarcó una amplia red nacional, con operativos en Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Santander, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Urabá, Chocó y Tolima. Los registros institucionales detallaron métodos de ocultamiento que trascendieron el simple transporte:
En Puerto Triunfo (Antioquia), las autoridades capturaron a tres personas tras hallar 243.500.000 pesos ocultos en fajas corporales.
En Montería (Córdoba), se reportó el hallazgo más alto, con 434.700.000 pesos en un vehículo particular, que dejó dos capturados.
En Cúcuta (Norte de Santander), la Policía detuvo a una persona en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza con 26.900.000 pesos, acompañados de 3.037 stickers de propaganda política y cinco folios con listados de nombres y apellidos.
En la vía Condoto a Quibdó (Chocó), un operativo dejó una captura y 20.000.000 de pesos incautados junto a material político.
En Mapiripán (Meta), el dinero iba por vía fluvial. Se decomisaron 100.000.000 de pesos transportados en una lancha, y de allí salió la única captura intramural del registro.
El laberinto legal de la corrupción al sufragante
El alto índice de personas liberadas tras ser sorprendidas con gruesos fajos de billetes responde a un desafío estructural de la legislación colombiana. Las normas vigentes establecen que transportar altas sumas de dinero en efectivo dentro del territorio nacional no constituye un delito por sí mismo; la única restricción legal aplica para el ingreso o salida del país con montos superiores a los 10.000 dólares, los cuales deben ser declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Ante este panorama, la Fiscalía General de la Nación se enfrenta a una barrera probatoria mayúscula. Aunque el Código Penal, modificado por la Ley 1864 de 2017, castiga el delito de «corrupción de sufragante» (artículo 390) con penas de prisión de 48 a 96 meses y multas exorbitantes, materializar la acusación exige demostrar el vínculo directo entre el efectivo y la intención de alterar la voluntad del votante.
Esta laguna legal permite que las defensas de los implicados argumenten que el dinero estaba destinado a actividades lícitas, como transacciones comerciales o la compra de vehículos, obligando a los jueces a otorgar libertades inmediatas ante la falta de material probatorio que conecte los billetes con las urnas.
Sin embargo, los indicios de las autoridades apuntan a que no se trató de un simple tránsito de capitales. La aparición simultánea de propaganda electoral, listas de nombres con apellidos y rutas dirigidas a zonas de alto riesgo de fraude, proporcionó a los investigadores el hilo conductor para desentrañar redes de financiación ilícita.
La Guajira y la «ruta de los sobres»
El caso que más profundizó las sospechas ocurrió en Hatonuevo (La Guajira). El 2 de marzo, la Policía incautó 145 millones de pesos y propaganda política en un vehículo particular que era remolcado por una grúa tipo cama baja. El conductor resultó ser Luis Alfredo Acuña, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture. Pese a la captura inicial de dos personas, las detenciones fueron declaradas ilegales.
La excusa inicial de que el dinero estaba destinado a la compra de un automóvil perdió peso cuando las investigaciones revelaron que los billetes estaban distribuidos en sobres marcados con nombres específicos de figuras políticas de La Guajira. Entre los destinatarios figuraban Rosa Pacheco, exdiputada conservadora y hermana del gerente de la campaña de Marta Peralta en Riohacha; Débora Barros Fince, excandidata a la asamblea en Uribia y familiar de un extraditado; Ghandy Romero, concejal de Riohacha por el partido ASI; y otros cabildantes locales como Kevin Castillo y Christian Bermúdez, además de Dixon, hermano del alcalde de Dibulla.
Junto a los sobres, las autoridades hallaron publicidad del representante conservador Daniel Restrepo Carmona, heredero político del senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo. Este hallazgo desenterró los cimientos del poder de Trujillo en la región Caribe. En las elecciones de 2022, el senador paisa obtuvo de manera inusual más de 20.000 votos en La Guajira, logrando la mitad de ese caudal en Uribia, municipio donde gestionó millonarios contratos de infraestructura durante el gobierno anterior y que hoy es el epicentro del escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Trujillo construyó una estrecha relación política con Olmedo López, exdirector de la UNGRD salpicado por corrupción, quien fue su secretario de Ambiente en la alcaldía de Itagüí. La triangulación de poder en La Guajira incluyó a Sneyder Pinilla y a los alcaldes de la «cofradía azul», apalancados por la gestión territorial de Lacouture, cuya madre, Cielomar Peñaloza, es la actual alcaldesa de Villanueva.
Frente a los señalamientos, el secretario de la Cámara se defendió públicamente. «No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos», señaló Lacouture, quien exigió claridad sobre el procedimiento policial y concluyó de manera tajante: «Queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacía mí».
Institucionalidad en máxima alerta
La avalancha de efectivo obligó a las cabezas de los organismos de control y al Ejecutivo a cerrar filas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que los operativos golpearon de forma directa las finanzas de las redes de corrupción. «Ya llevamos 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales», explicó el jefe de la cartera, quien detalló que los sobres incautados «están marcados con la misma letra del destinatario, un número de celular que no sabemos de quien sea».
Sobre la liberación judicial del escolta en La Guajira, Sánchez señaló que el Gobierno acata las decisiones de los jueces. «Respetamos totalmente el proceso y el procedimiento judicial», aclaró el ministro, aunque ordenó mantener la ofensiva operacional tras advertir que «la instrucción clara para la Policía es que continúen».
En paralelo, los entes de control respondieron a las dudas sembradas sobre la plataforma tecnológica de preconteo. El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que «los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas». Además, aclaró que los boletines de la jornada «no son resultados oficiales».
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, respaldó el derecho ciudadano a vigilar las urnas, afirmando que «donde hayan dudas» es «completamente válido el llamado a que se impugne la mesa». Sin embargo, frente al clima de desconfianza, concluyó que, «si todas las garantías están dadas y si no existe ninguna prueba de irregularidad, la verdad yo considero que lo que se debe presumir no es la mala fe».
Finalmente, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte de tranquilidad sobre el orden público. El funcionario señaló que «se ha reducido notablemente el número de puntos que correrían riesgo extremo de violencia contra las elecciones», destacando que la articulación del Estado representa un paso firme «hacia la protección del derecho de los colombianos a elegir».
- COLPRENSA