Salvavidas a la emergencia económica
La emergencia económica que decretó el gobierno, en diciembre pasado, cuando el Congreso le negó la ley de financiamiento, y que se encuentra suspendida por la Corte Constitucional, ha recibido la vista de la Procuraduría General, donde, a pesar de advertir que se debe tumbar por inconstitucionalidad en cinco de sus ejes centrales, la realidad es que le lanza un salvavidas en lo que tiene que ver con el sector salud, que sería suficiente para mantenerla.
Recordemos que la Corte Constitucional, suspendió la emergencia y aunque no se trata de una decisión de fondo, la cual se encuentra aplazada para un trámite posterior, con las motivaciones que se aducen en la suspensión provisional, quedó anunciada la suerte que tendrá el futuro de la emergencia. No encontró la Corte que ninguno de los ocho hechos que calificó el decreto de marras, como justificantes de la emergencia, fueran hechos sobrevinientes capaces de justificar las declaratoria en los términos del artículo 215 de la Constitución Nacional.
Siendo así la motivación de la suspensión provisional, se pensó que quedaba claramente “cantada” cuál sería la decisión de fondo que habrá de tomar la Corte en el futuro. Siendo concordantes con su argumentación para suspender el decreto, necesariamente tendrá que declararse como contrario a la Constitución cuando se pronuncie de fondo.
La opinión de la Procuraduría, que no es vinculante, pide a la Corte tumbar cinco puntos de la emergencia económica de Petro, pero solicita mantenerla por uno de ellos, lo que sería suficiente para dejarla viva y justificar muchos de los decretos que se expidieron con base en ella.
El Ministerio Público concluyó que varios de los temas incluidos en el decreto no guardan una relación directa, específica y necesaria con la crisis que motivó la declaratoria de emergencia y pidió declarar inexequibles los apartes relacionados con: La necesidad de recursos para el sector defensa y la gestión de la Unidad Nacional de Protección; La atención de una emergencia derivada de un desastre natural, El pago de sentencias judiciales y el pago de obligaciones atrasadas del Estado.
Según la Procuraduría, estos asuntos no tienen un vínculo suficiente con la crisis humanitaria invocada por el Ejecutivo. Sin embargo, hay un punto que según su opinión justifica mantenerla: solo lo atinente a la crisis en la salud salvaría la justificación de la emergencia y la Procuraduría solicita declarar exequibles las fundamentaciones relacionadas con el aseguramiento en salud, pues considera que éstas guardan conexión con la situación excepcional que dio origen a la emergencia.
Se trata de un verdadero salvavidas al decreto 1390 de 2025, pero sobre todo a la política gubernamental, que justifica la crisis en el sector, en cuestiones diferentes a las erradas políticas públicas que el gobierno equivocadamente ha tratado de implementar. Esperemos que el examen de la Corte sea más riguroso y no entre en la diatriba en que cayó la Procuraduría; la crisis en la salud por la que atraviesa el país no se debe a unos hechos sobrevinientes que justifique una emergencia, sino a las políticas equivocadas que el gobierno ha tratado de implementar.
*Exmagistrado