Extorsión se dispara 145% en Cesar y crece el desplazamiento forzado
Entre 2021 y 2025, el departamento del Cesar consolidó un escenario de seguridad más complejo y fragmentado. Aunque algunos delitos retroceden, el crecimiento simultáneo de la extorsión, los homicidios y el desplazamiento forzado configura un entorno de mayor presión institucional y social, según el balance del Observatorio de Desarrollo Territorial.
El Observatorio es una plataforma de participación ciudadana informada, impulsada por la Fundación Universitaria del Área Andina, Drummond y Arteaga Latam. Su misión es convertirse en un punto de encuentro para analizar avances, desafíos y oportunidades del departamento, combinando el acceso a información actualizada a través del Monitor de Desarrollo Territorial.
El indicador más estructural, los homicidios, aumentó 30,94% en el periodo, en contravía de la tendencia nacional ligeramente descendente. Sin embargo, al analizar la tasa por cada 10.000 habitantes, el departamento logró ubicarse en 2025 por debajo del promedio del país tras el pico registrado en 2023, lo que sugiere que el incremento en números absolutos no se tradujo en una mayor incidencia proporcional.
El comportamiento tampoco fue homogéneo en el territorio: solo la zona noroccidental redujo los casos. El impacto de género resulta especialmente relevante, pues los homicidios de mujeres crecieron 65,09%, frente a 16,60% en hombres, evidenciando una intensificación de la violencia letal contra ellas.
EXTORSIÓN: EL DELITO CON MAYOR CRECIMIENTO
La extorsión se consolidó como la principal alerta. Entre 2021 y 2025 aumentó 145,32%, mientras el promedio nacional rondó el 51%. La tendencia ha sido sostenida, sin picos aislados, lo que refleja una presión criminal estructural que transforma las dinámicas económicas y sociales en los municipios.
Este crecimiento posiciona al Cesar como uno de los territorios donde el delito evoluciona con mayor rapidez, generando efectos indirectos en la percepción de seguridad, la actividad productiva y la gobernabilidad local.
El desplazamiento forzado también mostró un deterioro significativo. El aumento departamental fue de 123,08%, más del doble del promedio nacional cercano al 50%. El caso más crítico se registró en San Alberto, con un incremento de 4.000% frente al punto de partida en 2021, un salto que altera cualquier lectura de estabilidad territorial.
No obstante, al ajustar por población, la tasa departamental se mantiene por debajo del promedio nacional y de municipios de categoría 6. Esto evidencia que la tensión no se explica solo por la incidencia relativa, sino por la magnitud del crecimiento y su concentración geográfica.
DELITOS QUE RETROCEDEN
En contraste, algunos indicadores ofrecen un respiro. Los asesinatos de líderes sociales disminuyeron 60% frente a 2021, en oposición al aumento nacional de 9,36%. En 2025, solo La Gloria y Valledupar registraron un caso cada uno.
El secuestro cayó cerca de 29% (cinco casos en total), mientras en el país creció más de 300%, y el hurto a personas disminuyó 3,20%, con una tasa de 26,5 por cada 10.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional (54,8). Las amenazas también bajaron 12,91%, aunque con menor intensidad que la reducción nacional.
El Índice de Riesgo de Victimización confirma la pérdida de homogeneidad territorial. Para 2024, cinco municipios se clasifican en riesgo bajo, dos en medio bajo, ocho en medio y diez en medio alto, lo que implica que cerca de la mitad del departamento enfrenta probabilidades significativas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves de derechos humanos.
La lectura territorial muestra un departamento dividido en zonas con dinámicas de seguridad muy distintas, lo que obliga a estrategias diferenciadas de intervención.
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO
En Violencias Basadas en Género, el panorama también es mixto. Los delitos sexuales disminuyeron 18,51% y se ubicaron en cinco casos por cada 10.000 habitantes en 2025. Asimismo, los nacimientos de madres menores de 15 años cayeron 71%, con municipios sin registros recientes.
Sin embargo, la violencia intrafamiliar aumentó 4%, alcanzando 2.228 casos, lo que evidencia una presión creciente en el ámbito doméstico. El feminicidio, por su parte, registró 16 casos en 2025 —seis en Valledupar—, una reducción de 11% frente a 2021, pero aún en niveles preocupantes.
El balance general indica que el Cesar no puede interpretarse bajo una narrativa simple de mejora o deterioro. Mientras ciertos delitos retroceden, la coincidencia de homicidios en aumento, extorsión disparada y desplazamiento forzado en ascenso configura una superposición de riesgos que redefine el entorno de seguridad.
Ante este panorama, se evidencia que el departamento enfrenta un proceso de reconfiguración de la violencia, con dinámicas diferenciadas en sus 25 municipios y un reto creciente para las instituciones: contener los delitos que avanzan sin perder los logros alcanzados en otros frentes.