La reforma a la salud “se aprobará más temprano que tarde”
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó que el traslado obligatorio de aproximadamente 6,5 millones de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), ordenado mediante el Decreto 0182 expedido el pasado 25 de febrero por el Gobierno, carece de sustento legal al modificar las reglas de aseguramiento sin autorización del Congreso.
El pronunciamiento de ACEMI generó una respuesta directa del presidente, Gustavo Petro, quien defendió la necesidad de transformar el modelo priorizando la vida de los ciudadanos frente a una normativa que, según el gremio, profundizaría la crisis actual al enviar a los pacientes hacia organizaciones que hoy se encuentran bajo intervención estatal.
De acuerdo con la información periodística documentada por el diario El Tiempo, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó que el nuevo decreto introduce una transformación sustancial en el territorio nacional, obligando a las EPS con menor presencia en ciertos municipios a ceder su población hacia aquellas con mayor número de afiliados.
Al respecto, la directiva señaló que “este movimiento de población entre las EPS se da entre entidades que no tienen balance operativo”, advirtiendo sobre las graves implicaciones logísticas y financieras de esta habilitación forzosa.
Aunque la vocera gremial reconoció que la regionalización territorial del aseguramiento tiene sentido desde el punto de vista conceptual para buscar eficiencia en la atención médica, concluyó que la medida actual es “inoportuna” e “imprudente”, debido a que las personas que hoy están afiliadas a una entidad que les presta correcta atención serán enviadas a instituciones receptoras en crisis.
Esta dinámica, detalló Vesga, “profundiza la crisis del sistema y agrava la situación para miles de pacientes” al sumarlos a un modelo que ya padece una profunda “fragilidad estructural, financiera y de atención”.
Sobre la viabilidad de la normativa, la representante de las EPS recordó que el Consejo de Estado declaró el año anterior la suspensión provisional del Decreto 885 bajo el argumento de que los cambios al esquema de aseguramiento tienen reserva estricta de ley, motivo por el cual explicó que “no puede el Gobierno Nacional insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema de salud a través de decreto”, repitiendo un error jurídico que atenta contra la estabilidad sectorial.
En consecuencia, anunció que Acemi insistirá en las vías legales, tal como lo hizo en la fase de consulta pública, para prevenir “un daño mayor e irreversible a un sistema ya frágil” y donde los colombianos expresan preocupación diaria.
Frente a la controversia suscitada por los traslados masivos que el Gobierno ordenó de manera administrativa, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció para defender el rumbo de sus políticas sociales y la legalidad de sus intenciones frente al sistema sanitario.
Ante las advertencias de la agremiación, el jefe de Estado señaló que “claro que insistimos en la reforma a la salud y se aprobará más temprano que tarde”, justificando el accionar de su administración bajo el argumento de que “es indudable que la salud debe ser reformada por ley” y sentenciando que “la vida de la gente está por encima de cualquier cosa”.
BOGOTÁ, (Colprensa).-