El crimen y la corrupción acorralan a 55 congresistas en la corte suprema
A punto de cumplir los ocho años de su entrada en vigencia para el juzgamiento de aforados constitucionales, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia inició un proceso de rendición de cuentas de su gestión de cara a la ciudadanía, mediante el cual presentó un balance documental que registra 34 sentencias emitidas y 55 procesos penales actualmente activos en contra de integrantes y exintegrantes del legislativo, quienes han sido investigados mayoritariamente por delitos como el concierto para delinquir, el interés indebido en la celebración de contratos y el tráfico de influencias.
El alto tribunal explicó que, desde la creación de la Sala mediante el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 y su posterior entrada en funcionamiento el 18 de julio del mismo año, sus tres magistrados profirieron 34 sentencias contra la clase política del país.
La corporación señaló que la condena más reciente recayó sobre el excongresista Efraín Torrado García, a quien se le impusieron 8 años de cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dada su responsabilidad probada en el denominado ‘carrusel de la contratación en Bogotá’.
La Sala detalló que «un alto porcentaje de los procesos está vinculado con comportamientos atentatorios del bien jurídico de la seguridad pública (concierto para delinquir)», un flagelo que se combinó frecuentemente con ilícitos «relacionados con la contratación estatal o derivados de ella». Las decisiones penales proferidas se distribuyeron de la siguiente manera:
*Condenas de alto perfil:* Figuraron nombres de gran poder electoral como Aida Merlano, sentenciada por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tenencia de armas y violación de topes electorales.
*Nexos y lavado de activos:* Bernardo Miguel Elías Vidal y Musa Besaile fueron condenados por concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de influencias. Asimismo, Luis Alfredo Ramos resultó culpable de concierto para delinquir y lavado de activos.
*Afectaciones al erario:* Otros ex legisladores recibieron sentencias condenatorias por conductas contra la administración pública, entre ellos Óscar de Jesús Suárez Mira, Eduardo Enrique Pulgar, Jimmy Harold Díaz, Gustavo Hernán Puentes y Antonio del Cristo Guerra de la Espriella.
*Corrupción administrativa:* La lista de condenados continuó con Luis Enrique Salas, Roberto José Herrera, Iván Moreno Rojas, Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba.
*Sentencias adicionales:* Se emitieron fallos de culpabilidad contra Alonso Rafael del Carmen Acosta Osio, Charles Schultz, Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Ignacio Mesa Betancur, Gustavo Londoño y Carlos Emiro Barriga.
*Delitos contra la vida:* El tribunal incluyó la condena contra César Augusto Pérez García por el delito de homicidio agravado.
*Extinción y absoluciones:* Se declaró la extinción de la acción penal por muerte a favor de Mario Alberto Castaño Pérez. En contraste, la Corte Suprema profirió fallos absolutorios a favor de Plinio Olano, Erwin Arias Betancur, Julio Eugenio Gallardo Archbold, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, León Fredy Muñoz y Guido Echeverri.
*Un panorama activo de 55 investigaciones*
El informe judicial documentó la existencia de 55 procesos activos que mantienen en vilo a numerosos aforados. La Corte aclaró que «esta primera entrega estará delimitada a los procesos adelantados en contra de congresistas», evidenciando un espectro criminal que abarcó desde fraudes documentales hasta violaciones a los derechos humanos:
*Paramilitarismo y violencia:* La Corte registró expedientes en curso por presuntos nexos con estructuras armadas ilegales y desplazamiento forzado contra los políticos Héctor Julio Alfonso López y Álvaro Alfonso Romero García.
*Concierto para delinquir:* Por este delito figuraron procesos vigentes contra Piedad Zuccardi, José Antonio Correa, Ciro Ramírez, Orlando Alfonso Clavijo y José Carlos Mizger Pacheco.
*Contratación y erario público:* La mayor concentración de casos apuntó a la corrupción financiera, involucrando a Germán Alonso Olano, Tatiana Cabello, Marcos Daniel Pineda, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Leopoldo Suárez Melo, Álvaro Hernán Prada, Sara Elena Piedrahita y César Cristian Gómez.
*Peculados y tráfico de influencias:* La lista activa continuó con expedientes contra Juan Carlos Reinales, Claudia Marcela Amaya, James Hermenegildo Mosquera, Eduardo Agatón Díaz Granados, Eduardo Carlos Merlano, Ángela María Vergara, Pedro José Suárez Vacca y Guido Echeverri.
*Irregularidades administrativas:* El tribunal investigó por estas conductas a Alirio Villamizar, Jorge Alberto Cerchiaro, Néstor Leonardo Rico, Armando Benedetti, Jhoany Carlos Alberto Mosquera Palacios, Mary Anne Perdomo e Iván Moreno Rojas.
*Prevaricato y otros fraudes:* Completaron este amplio grupo de indiciados Carlos Abraham Jiménez, Iván Name, Andrés Calle, Sandra Elena Villadiego y Temístocles Ortega.
*Mecanismos democráticos:* El tribunal subrayó que se procesaron «ilícitos lesivos de los mecanismos de participación democrática», vinculando a Ángel Miguel Barreto, Eduardo Enrique Pulgar, John Moisés Besaile, María Cristina Soto, José Joaquín Marchena, Jhon Arley Murillo y Carlos Roberto Ferro.
*Bienes personalísimos:* El documento detalló acusaciones por violencias individuales, revelando el proceso contra Modesto Enrique Aguilera Vides por acto sexual violento y contra Miguel Polo Polo por los delitos de injuria y hostigamiento agravado.
La corporación concluyó que esta rendición de cuentas definió que la próxima entrega de información «abarcará los procesos adelantados contra los gobernadores de los departamentos de Colombia».
/Colprensa.