En el medio laboral del país hay mucha incertidumbre por lo que pueda hacer el gobierno de Gustavo Petro quien fijo por encima de la inflación, 5,10 por ciento el aumento en el salario mínimo. Su ensayo de salario vital le terminará costando a la economía del país más de 20 billones de pesos.
Los 2,4 millones de trabajadores que ganan un salario de 1’750.905 pesos más el auxilio de transporte para este año, está en la incertidumbre y terminarán viéndose perjudicados por las desacertadas y populistas decisiones del gobierno de Gustavo Petro
La conclusión es que, el Consejo de Estado le otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto que realmente tenga en cuenta los parámetros establecidos por ley y no por los caprichos populistas del mandatario para realizar un aumento del mínimo, tales como la inflación, la productividad o el crecimiento, no debería ocurrir nada hasta después de esa fecha.
“Entre el 1 de enero y la fecha en que se expida el nuevo decreto, el incremento del mínimo vigente será el mismo porcentaje del 23 por ciento y, a partir del nuevo, el incremento se modificaría”, explicó el abogado Carlos José López.
Esto significa que las diferentes compañías deben seguir pagando el mínimo de 1’750.905 pesos hasta que se conozca el nuevo decreto que emita el Gobierno.
Adicional a ello, López asegura que esta medida no puede tener efectos retroactivos, por lo que las empresas no les pueden quitar a los trabajadores ese mayor aumento que les han entregado hasta el momento. “No hay manera de hacer un descuento o de pedirles a las personas el mayor valor que se les ha pagado”, aseguró.
En consecuencia, la quincena que se pague hoy o en los próximos días debe seguir con ese incremento del 23 por ciento.
Pero ademásel nuevo incremento que determine el Gobierno no podría ser igual a ese 23 por ciento.
“El incremento no podría ser igual, debería ser menor. Deben corregir la sustentación que dio origen al aumento inicial y, en consecuencia, no puede ser igual”, señaló. Ello quiere decir que si Petro llega a incurrir en el error de volver a fijar el salario mínimo con aumento del 23 por ciento estaría frente a un delito: fraude procesal y podría ser encausado penalmente. En el fondo lo que hubo fue un engaño a los trabajadores, a quienes se les aumentó el salario por encima de lo permitido por la constitución a sabiendas que ello era ilegal.
Pero el caos causado por el gobierno Petro no tiene dimensiones. Cuando se conozca el nuevo incremento, habría que reajustar todos los servicios que también suben con el mínimo. Es decir, se debe volver a calcular y reducir las cuotas de administración, las multas o el transporte, que suben cada año con el incremento del mínimo. ´No olvidemos que estamos en el gobierno del caos, no del cambio´, afirmó un experto laboralista.
IMPACTO DEL ALZA DEL MÍNIMO ES NEGATIVO
Por otro lado, según un informe del centro de pensamiento Fedesarrollo, el aumento de 23 por ciento que tuvo el mínimo podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales frente a un escenario en el que el crecimiento se hubiera limitado al reconocimiento de la inflación y la productividad. Además, generaría un aumento de hasta tres puntos porcentuales en la informalidad.
“Podría incidir en las decisiones de contratación, en la fijación de precios de bienes y servicios y llevar al banco central a aumentar las tasas de interés. En consecuencia, puede afectar el crecimiento de la economía”, se puede leer en el análisis firmado por la economista Ximena Cadena.
En concreto, señala que las empresas podrían reaccionar de diferente manera: desde reducir la demanda de empleo formal hasta sustituirla por contratación informal, ajustar su planta de personal o adoptar tecnologías que disminuyan la necesidad de mano de obra.
Otro documento del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calculó que se podrían perder hasta 734.000 trabajos por cuenta de los mayores costos laborales de las empresas y de un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés.
La mayor afectación ocurriría en los sectores de las actividades profesionales, con la pérdida de 390.537 empleos; seguido del rubro del comercio, que tendría 71.917 puestos de trabajo menos; y el de la construcción, con 54.537 menos.
Igualmente, en el sector del entretenimiento se perderían 44.225 empleos; en la manufactura, 42.774; y en la rama del alojamiento y los restaurantes, otros 32.958.